El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán ha dictado sentencia contra dos individuos por el delito de atentado contra la autoridad, tras un incidente ocurrido el 22 de octubre de 2023 en la feria libre de San Carlos. Durante una fiscalización, los acusados agredieron verbal y físicamente a una funcionaria de Carabineros, impidiendo la incautación de medicamentos que se comercializaban de manera ilegal.
El tribunal determinó que los imputados arrebataron un carro con fármacos incautados y rodearon al personal policial, obligando a la funcionaria a desistirse del procedimiento debido a la actitud amenazante del grupo. Como resultado, ambos fueron condenados como autores del delito de atentado contra la autoridad, conforme al artículo 261 N° 2 del Código Penal, y se les impuso una multa de 6 UTM a beneficio fiscal.
Además, el tribunal consideró un segundo incidente que tuvo lugar semanas después, cuando uno de los acusados fue detenido por Carabineros por mal estacionamiento en una zona de alto tráfico. Durante el control, el imputado se negó a identificarse y, en un acto brusco, aceleró su camión hacia uno de los funcionarios, quien logró sostenerse del espejo retrovisor para evitar ser atropellado, aunque sufrió lesiones graves. Posteriormente, el conductor huyó, pero fue capturado por otras patrullas.
El tribunal evaluó la evidencia presentada, incluyendo testimonios y documentos, y concluyó que en el primer caso existieron actos de fuerza e intimidación suficientes para calificar el delito como atentado contra la autoridad, desestimando la defensa que intentaba clasificar las acciones como simples faltas. En cuanto al segundo incidente, el tribunal consideró que el acusado había intentado cometer homicidio contra un carabinero, aunque el resultado no se consumó por factores ajenos a su voluntad, calificando el hecho como tentativa de homicidio.
El tribunal impuso una pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, además de la inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos y derechos políticos, así como la inhabilitación para profesiones titulares durante la condena. También se ordenó la inclusión de las huellas genéticas del condenado en el Registro Nacional de ADN, junto con las penas y el pago de costas.