El Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago ha dictado una sentencia unánime condenando a tres individuos a penas de cinco años y un día de presidio efectivo, además de inhabilitaciones perpetuas para cargos públicos y derechos políticos, por su participación en un robo con intimidación ocurrido en noviembre de 2023 en la comuna de Vitacura.
Los hechos se produjeron en la madrugada del 27 de noviembre, cuando los acusados ingresaron al local “Spacio Uno”, ubicado en la avenida Padre Hurtado Norte, donde intimidaron al dependiente con un arma de fuego, exigiendo la entrega de cajetillas de cigarrillos y el acceso a la caja fuerte del establecimiento. Durante el atraco, lograron sustraer diversas mercancías, incluyendo 200 mil pesos en efectivo, además de bebidas energéticas y confites.
La situación se tornó crítica cuando, al intentar escapar, los acusados fueron interceptados por personal de seguridad municipal. Tras una persecución a alta velocidad, el vehículo en el que se trasladaban perdió el control y colisionó contra un poste de alumbrado público, lo que llevó a su detención.
Durante la revisión, se encontró que uno de los acusados portaba un revólver de fogueo modificado para disparar cartuchos convencionales, así como seis cartuchos calibre .22 corto. El tribunal determinó que este acusado actuó como autor del delito de porte ilegal de arma de fuego prohibida, lo que fue respaldado por pruebas que demostraron su responsabilidad en el uso del arma durante el robo.
El tribunal, al evaluar las pruebas, incluyó declaraciones policiales y registros audiovisuales, concluyó que los acusados actuaron de manera concertada y con roles definidos en el delito, desestimando la defensa que argumentaba una participación menor de algunos de ellos. La sentencia también consideró la colaboración de los acusados con la investigación, lo que les permitió beneficiarse de atenuantes en la pena.
La decisión del tribunal incluyó la toma de muestras biológicas de los condenados para su inclusión en el registro nacional de ADN de condenados, así como el comiso de las especies robadas. La sentencia se fundamentó en la ausencia de antecedentes penales previos en dos de los acusados y en la recuperación de los bienes sustraídos, lo que influyó en la determinación de las penas, fijadas en el mínimo de su grado inferior.
El tribunal también destacó que la colaboración de los acusados facilitó el esclarecimiento de los hechos, lo que se tradujo en una reducción de las penas impuestas. La sentencia se considera un paso importante en la lucha contra el delito en la región metropolitana.