El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha estado en el centro de la controversia tras la muerte de dos civiles a manos de agentes federales, lo que ha desatado protestas y cuestionamientos sobre sus prácticas.
ICE, creado en 2002 como parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tras los ataques del 11 de septiembre, es responsable de hacer cumplir las leyes de inmigración en el país. A pesar de que su notoriedad ha aumentado en los últimos años, sus operaciones han sido objeto de críticas desde administraciones anteriores, incluyendo las de Obama y Biden. Sin embargo, la magnitud de sus operativos y su impacto en la vida de ciudadanos estadounidenses han llevado a un escrutinio público sin precedentes.
La agencia se compone de dos oficinas principales: la Oficina de Detención y Deportación (ERO), que se encarga de arrestos y deportaciones civiles, y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que investiga delitos graves como la trata de personas y el contrabando. A pesar de ser considerados agentes del orden público, los agentes de ICE tienen autoridad limitada y no pueden arrestar a ciudadanos estadounidenses, aunque se han reportado incidentes en los que han detenido a personas sin el debido proceso.
Elizabeth Neumann, exsecretaria adjunta del DHS, explicó que “el ICE no tiene facultades policiales generales” y que estas son otorgadas a las autoridades estatales y locales. Sin embargo, la agencia ha sido acusada de realizar detenciones basadas en perfilación racial, lo que ha llevado a preocupaciones sobre la seguridad de los ciudadanos y residentes legales.
En cuanto al uso de la fuerza, un memorando del DHS de 2023 establece que los agentes pueden utilizarla si creen que hay una amenaza inminente. Además, para realizar detenciones en hogares, se requiere una orden judicial firmada por un juez, aunque muchas de las órdenes que utiliza ICE son administrativas.
Desde el inicio de la actual administración, el número de agentes de ICE ha aumentado significativamente, pasando de 10,000 a 22,000. Este crecimiento ha sido acompañado de una reducción en el tiempo de capacitación de los nuevos agentes, que ha disminuido de 16 a 8 semanas, y se ha eliminado el requisito de aprender español, lo que ha generado críticas sobre la preparación de los agentes para interactuar con la población inmigrante.
La controversia en torno a ICE ha llevado a un debate más amplio sobre la política migratoria en Estados Unidos, especialmente en un contexto donde la seguridad y los derechos civiles están en juego. Las protestas y las investigaciones judiciales continúan, reflejando la creciente preocupación pública sobre el papel y las prácticas de esta agencia.