Un nuevo desarrollo en el caso conocido como Muñeca Bielorrusa ha salido a la luz, relacionado con pagos realizados por el suspendido conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, al exministro de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. Según información publicada por el medio Reportea, las cartolas bancarias de Yáber indican que se realizaron pagos millonarios mensuales a Ulloa durante un periodo de seis años. Estos pagos se llevaron a cabo mientras Ulloa se desempeñaba en la Corte de Apelaciones de Copiapó y posteriormente en su último cargo en el Poder Judicial, del que fue destituido tras una acusación constitucional aprobada por el Congreso.
Los pagos comenzaron en febrero de 2019, con un monto inicial de $300 mil. Posteriormente, el 5 de marzo de ese mismo año, se realizó un segundo pago de $1 millón, cifra que se mantuvo constante durante los siguientes 74 meses, extendiéndose hasta 2025. En total, el monto transferido a Ulloa asciende a $74,8 millones. Las transferencias incluyen referencias a una supuesta ahijada, como se observa en la transferencia del 5 de julio de 2022, donde se lee: “Abrazo cumpa, cariños a mi ahijada”, y en una glosa del 5 de abril de 2024, que dice: “Abrazos y cariños a mi ahijada”.
Además de estos pagos, la situación de Yáber se complica aún más por otra investigación realizada por Ciper, que revela que al asumir su cargo en Puente Alto en 2018, contrató a familiares de dos jueces que votaron a favor de su nombramiento. En concreto, se trata de la esposa del entonces ministro Luis Sepúlveda y del hermano del actual juez Carlos Farías, siendo la contratación de la esposa de Sepúlveda realizada dos meses después de su nombramiento y la del hermano de Farías un año después.
Yáber, al ser consultado sobre estas contrataciones, defendió su decisión argumentando que “asumir la oficina de Puente Alto requirió contratar personas con experiencia y una trayectoria suficiente para la atención de las personas y los trámites que se realizan”. Además, añadió que es habitual solicitar recomendaciones en el ámbito notarial o judicial, dado que se requieren personas con habilidades y conocimientos probados.