Un grupo de senadores chilenos ha presentado una iniciativa legislativa destinada a regular las emisiones de gas metano en los rellenos sanitarios del país, con el objetivo de mitigar su impacto en el cambio climático y proteger el medio ambiente. La propuesta, impulsada por los senadores Francisco Chahuán, Alfonso de Urresti, Ricardo Lagos y Juan Ignacio Latorre, busca establecer un marco normativo que controle, reduzca y prevenga estas emisiones.
Los senadores argumentan que, aunque la Ley N.º 21.455 ya establece la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en Chile, no existe una normativa específica que aborde el metano en los rellenos sanitarios. Por ello, el proyecto de ley propone definir obligaciones, instrumentos de gestión y estándares mínimos para regular de manera sistemática y progresiva las emisiones de metano, asegurando una operación ambientalmente segura y alineada con los compromisos nacionales e internacionales.
La iniciativa no solo busca reducir las emisiones de GEI, sino que también pretende fomentar la innovación tecnológica, la creación de empleos verdes y el desarrollo de una economía circular en el sector de gestión de residuos. Se aplicará a todos los rellenos sanitarios que cuenten con una Resolución de Calificación Ambiental, conforme a la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
Entre los principios rectores de la propuesta se encuentran el principio de no regresión, que impide retroceder en los niveles de protección ambiental, y el principio precautorio, que obliga a tomar medidas ante riesgos graves, incluso sin certeza científica. También se incluyen el principio preventivo, que busca evitar efectos adversos del cambio climático, y el principio de sostenibilidad, que busca equilibrar el crecimiento económico con la equidad social y la protección ambiental.
El proyecto define conceptos clave como biogás, que es la mezcla de gases generada por la descomposición anaeróbica de residuos orgánicos, y relleno sanitario, que se refiere a la instalación destinada a la eliminación de residuos sólidos domiciliarios y asimilables.
En cuanto al control y reducción de emisiones, las entidades responsables de la operación de los rellenos sanitarios deberán implementar un reporte anual, un plan de control y una certificación de emisiones de metano, en línea con la normativa ambiental vigente. Estas entidades serán responsables de los daños ambientales que puedan causar en caso de incumplimiento, y las infracciones que constituyan delito estarán sujetas a las normas del Código Penal sobre crímenes contra el medio ambiente.
El reporte anual deberá identificar y cuantificar todas las fuentes de emisiones de metano en las instalaciones, y servirá para establecer líneas de base e inventarios de gases. A partir de este reporte, las entidades deberán elaborar un plan de control con metas de reducción de emisiones que deberán cumplirse en un plazo máximo de seis años.
Además, se exigirá una certificación anual del volumen de emisiones de metano y del cumplimiento del plan de control, la cual deberá ser realizada por un agente certificador externo y será de carácter público. En caso de incumplimiento, las entidades no podrán acceder a incentivos y podrán enfrentar medidas correctivas adicionales.
La iniciativa también obliga a las entidades a desarrollar un programa de prevención y control de emisiones de metano, que incluya sistemas de captura y aprovechamiento de biogás. Aquellos rellenos sanitarios que sirvan a más de 100 mil habitantes deberán presentar proyectos de inversión para la captura y valorización de emisiones en un plazo máximo de cinco años.
Finalmente, se prevé la creación de un reglamento que establecerá la metodología del reporte, las especificaciones del plan de control y del programa de prevención, así como las bases para la contratación de profesionales. Las autoridades podrán proponer incentivos económicos a las plantas que cumplan con las metas establecidas, y se fijará un plazo de dieciocho meses desde la publicación de la ley para que los rellenos sanitarios se adapten y presenten su primer reporte de emisiones de metano.
El proyecto de ley ha completado su primer trámite constitucional y ha sido enviado a la comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales para su análisis técnico.