A partir del 1 de febrero de 2026, la Pensión Garantizada Universal (PGU) en Chile experimentará un aumento en sus montos, según lo informado por la Superintendencia de Pensiones. Este ajuste se realiza en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado entre enero y diciembre de 2025, que ha mostrado un crecimiento positivo, cumpliendo así con la normativa vigente.
El nuevo monto de la PGU para los beneficiarios menores de 82 años ascenderá de $224.004 a $231.732 mensuales, lo que representa un incremento del 3,45% respecto al monto anterior. Por otro lado, los pensionados de 82 años o más, quienes desde septiembre de 2025 ya recibían un monto máximo de $250.000, verán su pensión reajustada a $250.275 a partir de febrero.
Este ajuste periódico de la PGU está establecido en la Ley N° 21.419, que determina la actualización de este beneficio cada 1 de febrero, siempre que la inflación del año anterior sea positiva. El objetivo de esta medida es preservar el poder adquisitivo de los adultos mayores frente al aumento de precios en bienes y servicios.
La PGU es un beneficio estatal que complementa las pensiones más bajas, dirigido a personas de 65 años o más que no se encuentren en el 10% de mayores ingresos del país y que cumplan con los requisitos legales establecidos. Para acceder a este beneficio, los solicitantes deben tener al menos 65 años cumplidos, aunque pueden iniciar el proceso a partir de los 64 años y 9 meses. Además, su grupo familiar no debe integrar el 10% más rico de la población, lo que se verifica mediante el Puntaje de Focalización Previsional, que considera datos del Registro Social de Hogares (RSH) y la situación económica del grupo familiar.
Los solicitantes también deben acreditar residencia en Chile, lo que se puede hacer mediante un certificado de viajes emitido por la Policía de Investigaciones (PDI). Para ello, deben haber residido en el país durante un período no inferior a 20 años, ya sea de forma continua o discontinua, y haber vivido al menos cuatro años en los últimos cinco años previos a la solicitud del beneficio. Además, la pensión base del solicitante debe ser igual o menor a $1.210.828, que se calcula sumando la Pensión Autofinanciada (PAFE) y otras pensiones que se perciban, como las de sobrevivencia o accidentes del trabajo.