El Gobierno español ha decidido expulsar al embajador de Nicaragua en Madrid, Maurizio Carlo Gelli, y a otro diplomático de la legación nicaragüense, en respuesta a la reciente expulsión de su embajador en Managua, Sergio Farré Salvá, y de la segunda jefatura de la misión diplomática española en el país centroamericano. La medida fue anunciada este lunes por fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque la orden se emitió el domingo.
La decisión de España se enmarca en un contexto de tensiones diplomáticas que han caracterizado las relaciones entre ambos países en los últimos años. En 2021, el régimen de Daniel Ortega acusó a España de “continua intromisión” en los asuntos internos de Nicaragua, lo que llevó al Gobierno español a llamar a consultas a su embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, y a rechazar las acusaciones de manera contundente.
Desde 2023, Nicaragua ha intensificado su política de expulsiones, despojando de su nacionalidad a cientos de diplomáticos, exfuncionarios, defensores de derechos humanos, disidentes sandinistas, opositores, periodistas, académicos, estudiantes, empresarios y comerciantes. En respuesta a esta situación, el Gobierno español ha ofrecido la nacionalidad española a todos estos afectados, así como a otros opositores que aún se encuentran encarcelados en Nicaragua.
El Ministerio de Exteriores español ha manifestado su intención de continuar trabajando para mantener buenas relaciones con el “pueblo hermano de Nicaragua”, a pesar de las crecientes tensiones. En marzo del año pasado, el Congreso español aprobó una proposición no de ley que condena la “sistemática” violación de derechos humanos en Nicaragua, exigiendo el cese inmediato de la represión y promoviendo un aumento de sanciones contra el régimen de Ortega en el ámbito de la Unión Europea.