Nueve relatores de la ONU han señalado que los documentos recientemente divulgados sobre Jeffrey Epstein sugieren la existencia de una red criminal global que podría haber cometido crímenes de lesa humanidad.
Los archivos, publicados el 30 de enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, revelan atrocidades contra mujeres y menores que, según los expertos, son de tal magnitud que podrían ser considerados crímenes sistemáticos y de alcance transnacional. En un comunicado conjunto, los relatores expresaron que estos documentos “sugieren la existencia de una empresa criminal global” y destacan las implicaciones alarmantes sobre el nivel de impunidad que rodea a estos crímenes.
Los expertos han identificado en los documentos menciones a posibles casos de esclavitud sexual, violencia reproductiva, desaparición forzada, tortura, tratos inhumanos y feminicidio. En este contexto, instaron a todos los tribunales nacionales e internacionales competentes a enjuiciar los presuntos crímenes, subrayando que “los Estados tienen la obligación de prevenir, investigar y castigar la violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos los actos cometidos por actores privados”.
Entre los firmantes del comunicado se encuentran la relatora de violencia contra las mujeres y niñas, Reem Alsalem, así como sus colegas sobre derecho a la privacidad, Ana Brian Nougrères, y libertad de reunión y asociación, Gina Romero. Los relatores señalaron que estos delitos se cometieron en un contexto de creencias supremacistas, racismo, corrupción, misoginia extrema y la mercantilización y deshumanización de mujeres y niñas en diversas partes del mundo.
Además, solicitaron una investigación independiente e imparcial para determinar cómo pudieron ocurrir estos crímenes durante un periodo tan prolongado. “Es imperativo que los gobiernos actúen de manera decisiva para responsabilizar a los perpetradores”, afirmaron, añadiendo que “nadie es demasiado rico o poderoso para estar por encima de la ley”.
Los representantes de la ONU también expresaron su preocupación por los “graves fallos” en la divulgación de los archivos, indicando que la publicación de esta información sensible sobre las víctimas podría ponerlas en riesgo de represalias y estigmatización. Esto podría llevar a que muchas de las involucradas se sientan nuevamente victimizadas o sometidas a manipulación.