El gobierno español ha iniciado el proceso para regularizar a 500.000 migrantes, tras un acuerdo entre el PSOE y Podemos.
El Ejecutivo español ha anunciado su intención de aprobar un real decreto que permitirá la regularización extraordinaria de hasta 500.000 migrantes que se encuentran en situación irregular en el país. Esta medida se produce tras un acuerdo entre el partido gobernante, el PSOE, y su socio de coalición, Podemos, y busca beneficiar a aquellos que hayan residido en España por más de cinco meses y que no tengan antecedentes penales.
Irene Montero, secretaria política y eurodiputada de Podemos, destacó que la iniciativa permitirá que “tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia”. Para ello, los solicitantes podrán presentar documentos como el empadronamiento municipal, informes médicos, contratos de suministro eléctrico o certificados de envío de dinero, facilitando así el acceso a la regularización para quienes enfrentan dificultades para obtener el padrón.
La admisión a trámite de la solicitud otorgará automáticamente una autorización de residencia y trabajo por un año, además de suspender cualquier procedimiento de retorno o expulsión que pudiera estar vigente por motivos administrativos o por trabajar sin permiso. Al finalizar este periodo, los beneficiarios podrán solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han indicado que este real decreto tiene como objetivo garantizar derechos y proporcionar seguridad jurídica a una realidad social existente. Al tramitarse como un real decreto, el gobierno no necesita la convalidación parlamentaria, lo que le permite avanzar en esta cuestión a pesar de la falta de apoyos en materia migratoria.
Desde los años ochenta, tanto el PSOE como el Partido Popular han implementado hasta ocho procesos extraordinarios de regularización de inmigrantes, buscando reducir la cantidad de ciudadanos extranjeros sin derechos y combatir la economía sumergida. Según un informe del centro de análisis Funcas, actualmente hay aproximadamente 840.000 migrantes en España en situación administrativa irregular. La mayoría de ellos provienen de América, con 760.000 personas, siendo las nacionalidades más representativas la colombiana, peruana y hondureña. Las nacionalidades africanas, asiáticas y europeas representan cifras significativamente menores en comparación.