La Corte de Casación de Francia ha determinado que Airbnb no puede ser clasificada como un proveedor de alojamiento de datos, lo que implica un cambio significativo en la responsabilidad legal de la plataforma de arrendamiento.
Este fallo se origina en la revisión de dos casos donde inquilinos utilizaron Airbnb para subarrendar propiedades sin la autorización de los propietarios. En instancias previas, las decisiones sobre la responsabilidad de la empresa fueron contradictorias, pero la Corte de Casación unificó el criterio al concluir que Airbnb tiene un papel activo en las relaciones contractuales. La corte argumentó que la plataforma no solo facilita el espacio digital, sino que también interviene en la interacción entre anfitriones y arrendatarios.
El tribunal destacó que Airbnb establece reglas obligatorias para la publicación de anuncios y transacciones, además de tener la capacidad de verificar su cumplimiento. También se mencionó que el sistema de categorización de usuarios, como el estatus de “superhost”, actúa como un mecanismo de promoción que afecta las decisiones de los consumidores. Estas acciones indican que Airbnb tiene un control sobre los datos que contradice la definición legal de un intermediario técnico.
Como resultado de esta calificación, Airbnb no podrá invocar la cláusula de desconocimiento de actividades ilegales para evitar la responsabilidad civil. En los casos revisados, la corte ratificó las condenas que obligan a la plataforma a restituir, junto con los inquilinos infractores, las sumas obtenidas a través de subarriendos no autorizados. Este fallo establece un precedente en la supervisión de contenidos en la economía digital, indicando que la gestión activa de una plataforma implica la obligación de responder ante la justicia por usos ilícitos realizados a través de su interfaz.
La sentencia subraya que “Airbnb desempeña así un papel activo que le permite conocer y controlar las ofertas publicadas en su plataforma, lo que es incompatible con el estatuto de proveedor de alojamiento en Internet tal como lo define la ley de 2004 sobre la confianza en la economía digital”. Por lo tanto, la empresa no se beneficia de la exención de responsabilidad que esta ley otorga a los anfitriones.