Las autoridades iraníes han amenazado a los manifestantes con la pena de muerte en medio de un creciente descontento social en el país.
Un fiscal de Teherán advirtió que aquellos que causen daños a la propiedad pública podrían enfrentar la pena capital, según un informe de Bloomberg. Esta advertencia se produce en un contexto de protestas que han estado ocurriendo durante más de una semana, impulsadas por la crisis económica que afecta a Irán, caracterizada por una inflación que superó el 52% en diciembre de 2022 en comparación con el año anterior.
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica también se pronunció, declarando que la prolongación de la situación actual es “inaceptable” y que tienen el derecho de vengar “incidentes terroristas“. El líder supremo del país, el ayatolá Ali Jamenei, reafirmó que Irán “no cederá” ante las protestas, que han dejado al menos 45 muertos y cientos de heridos, según la ONG Iran Human Rights (IHRNGO).
Las manifestaciones comenzaron como una respuesta a la crisis económica, que ha sido exacerbada por las sanciones impuestas por Estados Unidos y la ONU debido al programa nuclear de Irán. Los comerciantes y otros sectores económicos han liderado las protestas, que han crecido en intensidad y número de participantes.
En un contexto de tensiones internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su apoyo a los manifestantes, afirmando que defendería a los ciudadanos iraníes si el régimen continuaba con la represión. En respuesta, Jamenei acusó a Trump de tener “las manos manchadas con sangre iraní” y le recomendó que se ocupara de los problemas en su propio país.
Para controlar las protestas, las autoridades iraníes han restringido el acceso a internet, bloqueando conexiones y servicios externos. La plataforma NetBlocks, que monitorea el tráfico y la censura en internet, reportó que Irán está experimentando un “apagón” de internet a nivel nacional, lo que dificulta la comunicación y la organización de las manifestaciones.