El proyecto del Tren Santiago-Valparaíso avanza hacia una fase crucial con una inversión de 3.820 millones de dólares, buscando mejorar la conectividad entre ambas regiones.
La iniciativa, que ha sido catalogada como una prioridad nacional por el Gobierno, contempla un trazado que conectará la estación Quinta Normal en Santiago con el sector de El Salto en Viña del Mar, extendiéndose finalmente hasta el centro de Valparaíso. Este proyecto se desarrollará en dos etapas clave, siendo la primera la que unirá Santiago con Viña del Mar a través de un recorrido de 172 kilómetros. Esta fase inicial tiene un presupuesto preliminar de 1.320 millones de dólares y ya cuenta con la adjudicación del estudio integral, con la expectativa de que las obras comiencen en 2028.
La segunda fase del proyecto es la más ambiciosa, con un costo estimado de 2.500 millones de dólares, y tiene como objetivo principal reducir significativamente los tiempos de viaje y mejorar la accesibilidad de comunas que han dependido históricamente del transporte por carretera. Sin embargo, el cierre del año pasado estuvo marcado por la relicitación del estudio integral, ya que el proceso anterior fue declarado desierto, lo que ha generado incertidumbre sobre la posibilidad de cumplir con las promesas de licitación pública para 2026.
Recientes informes del Ministerio de Obras Públicas (MOP) han indicado que el cronograma original del proyecto enfrenta serias dificultades, principalmente debido a la falta de ofertas competitivas para los estudios técnicos necesarios, lo que ha llevado a la necesidad de iniciar nuevos procesos administrativos. Además, Martín Arrau, encargado de Infraestructura del presidente electo José Antonio Kast, ha señalado que la próxima administración revisará detalladamente la viabilidad de este tipo de proyectos, dado el contexto de estrechez fiscal que se anticipa.
El Tren Santiago-Valparaíso representa una oportunidad histórica para mejorar la conectividad entre la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso, pero su futuro depende de la superación de los obstáculos actuales y de la capacidad del nuevo gobierno para gestionar adecuadamente la inversión y los plazos establecidos.