Momentos de alta tensión se vivieron en Maipú durante el desalojo del campamento Santa Marta, donde el alcalde Tomás Vodanovic fue resguardado por Carabineros tras un intento de agresión.
Este lunes, se llevó a cabo un operativo de desalojo en el campamento Santa Marta, ubicado en la comuna de Maipú, que se extenderá por dos días. La intervención, coordinada entre autoridades locales y fuerzas policiales, tiene como objetivo retirar 102 viviendas construidas en un terreno de uso público, seguido de la demolición de las estructuras irregulares. El desalojo se desarrolla en el eje de Camino a Melipilla con Pajaritos.
Desde las primeras horas de la mañana, los residentes del campamento mostraron resistencia al operativo, levantando barreras y portones improvisados para impedir el acceso de la maquinaria y el personal encargado. En respuesta, Carabineros debió derribar uno de estos obstáculos para permitir el avance de los equipos. Durante los incidentes, se registraron al menos dos detenciones por desórdenes públicos.
El momento más crítico ocurrió cuando un grupo de residentes increpó al alcalde Vodanovic, intentando acercarse de manera violenta, lo que llevó a la intervención de la policía para evitar una agresión. El alcalde estuvo presente en el lugar durante varios minutos, supervisando el inicio de las labores en un ambiente tenso, caracterizado por gritos y enfrentamientos verbales.
Vodanovic denunció la existencia de una supuesta dirigencia en el campamento que habría estado manipulando a los residentes con promesas de beneficios económicos. “La presencia de una organización compuesta por pocas personas, liderados por la señora Ruth, ha tratado de obstaculizar este operativo, negando la existencia de un plan social y entregando información falsa”, afirmó el alcalde.
Según datos del municipio, en el campamento residen aproximadamente 375 personas, de las cuales cerca de 150 son niños, niñas y adolescentes. La medida de desalojo se justifica por ser un procedimiento administrativo, dado que el terreno ocupado es un espacio público que presenta riesgos significativos, incluyendo su proximidad a vías de alto tránsito y la presencia de gasoductos y oleoductos.
Las autoridades locales informaron que 81 familias cumplen con los requisitos para acceder a apoyo social, que incluye subsidios de arriendo y asistencia técnica. Sin embargo, hasta el momento, solo alrededor de 50 personas han aceptado estas alternativas de manera voluntaria. Hasta ahora, Carabineros ha detenido a cuatro personas, incluyendo a dos mujeres venezolanas con situación migratoria irregular y dos chilenas acusadas de agredir a funcionarios policiales.