El ministro de Educación de Chile, Nicolás Cataldo, ha solicitado la renuncia de Daslav Mihovilovic, director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama, tras la controversia generada por la celebración del quinto aniversario del organismo. La fiesta, que tuvo lugar en el Casino de Copiapó, incluyó lujos como una limusina de la empresa Limuhummer, iluminación especial y un servicio de catering que ha suscitado críticas por su extravagancia y por la posible infracción a los principios de probidad administrativa.
La polémica se intensificó al conocerse que la limusina utilizada para el evento pertenece a un proveedor que tiene contratos vigentes con el SLEP Atacama. Según el portal de transparencia, la empresa Limuhummer fue adjudicada con un contrato por un monto de 69.500.000 pesos chilenos para el servicio de guardias de seguridad, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad y la ética de los gastos realizados en la celebración.
El Decreto N°854 establece que los gastos de representación, como inauguraciones y aniversarios, deben estar justificados y contar con la presencia de autoridades del Gobierno o del Ministerio correspondiente. Sin embargo, en este caso, no se ha confirmado la asistencia de tales autoridades, lo que podría constituir una violación a las normativas que regulan el uso de recursos públicos.
El instructivo presidencial sobre el uso de recursos fiscales también prohíbe celebraciones que impliquen gastos significativos, salvo en embajadas y consulados en el extranjero. Esto ha llevado a cuestionar la legalidad de la fiesta y el uso de fondos públicos en un evento que no parece cumplir con los requisitos establecidos.
La ley N°21.040, que creó el sistema de educación pública en Chile, busca garantizar una educación gratuita y de calidad, y establece que los SLEP son entidades descentralizadas que deben operar con transparencia y responsabilidad. La solicitud de renuncia de Mihovilovic se produce en un contexto donde la probidad administrativa es fundamental para la confianza pública en las instituciones.
El caso ha generado un debate sobre la forma en que se manejan las irregularidades en el sector público. Aunque la renuncia puede parecer una respuesta rápida y efectiva, algunos expertos sugieren que debería llevarse a cabo una investigación más profunda para determinar si se han cometido infracciones graves y si se deben aplicar sanciones administrativas.
La Contraloría General de la República ha instado a los servicios públicos a investigar cualquier indicio de irregularidades antes de aceptar renuncias, lo que plantea interrogantes sobre la gestión de este caso específico. La importancia de mantener altos estándares de integridad en la función pública es crucial para asegurar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
Este incidente no solo pone en tela de juicio la gestión del SLEP Atacama, sino que también resalta la necesidad de una mayor vigilancia y control sobre el uso de recursos públicos en Chile, especialmente en un contexto donde la probidad y la transparencia son esenciales para el funcionamiento del Estado.