Sernageomin pide investigar estallido de roca en El Teniente por inconsistencias graves.

Sernageomin denuncia a Codelco por inconsistencias en informes sobre estallido de roca en El Teniente

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) ha presentado una denuncia formal ante el Ministerio Público y otra ante la Contraloría General de la República debido a serias inconsistencias entre la información reportada oficialmente y la realidad operativa relacionada con un estallido de roca ocurrido en julio de 2023 en la División El Teniente.

En un comunicado emitido, Sernageomin, que actúa como la autoridad fiscalizadora de la seguridad minera en Chile, informó que el pasado 13 de febrero se instruyó a la estatal Codelco la entrega inmediata y obligatoria de toda la documentación técnica y administrativa que había sido analizada por su directorio. Según el organismo, la información recibida dentro del plazo estipulado reveló discrepancias significativas entre los datos operativos de la mina y lo que había sido reportado a la autoridad.

El 16 de febrero, el director nacional (s) de Sernageomin, Mauricio Lorca, se reunió con altos ejecutivos de Codelco en la Gerencia General de la compañía para notificar el inicio de un proceso de revisión exhaustivo. Durante esta reunión, Lorca exigió máxima transparencia y rapidez en la entrega de información, subrayando que no se aceptarían solo informes procesados, sino que se requería acceso irrestricto y en tiempo real a los datos brutos de monitoreo sísmico y geomecánico. Además, advirtió que cualquier desviación en el flujo de datos podría acarrear las máximas sanciones legales.

Tras un análisis preliminar de la información, Sernageomin decidió presentar una denuncia ante el Ministerio Público para investigar posibles delitos relacionados con el ocultamiento o alteración de información técnica que es crucial para la seguridad minera de la operación. Dada la naturaleza estatal de Codelco, el organismo también ha recurrido a la Contraloría General de la República para que evalúe posibles responsabilidades administrativas y el cumplimiento de los principios de probidad y transparencia que deben regir en los organismos del Estado.