Las senadoras Fabiola Campillai, Loreto Carvajal y Paulina Vodanovic han presentado una moción para modificar la Ley N° 19.886, que regula los contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales del personal que manipula alimentos en Chile.
La iniciativa busca establecer derechos laborales permanentes para las manipuladoras de alimentos, abordando aspectos como la infraestructura y maquinaria utilizada, el índice de elaboración de raciones, la situación financiera de las empresas y las enfermedades comunes entre el personal. Las senadoras argumentan que, a pesar de que estas trabajadoras están empleadas en empresas privadas, muchas de ellas son adjudicatarias de licitaciones públicas para servicios de alimentación en establecimientos educativos, lo que las obliga a asistir anualmente al Congreso Nacional para proteger sus derechos laborales.
Históricamente, las mejoras en las condiciones laborales de estas trabajadoras se han logrado a través de modificaciones a las leyes de presupuesto, que son temporales y generan incertidumbre sobre la continuidad de los beneficios obtenidos. La mayoría de estas trabajadoras son mujeres que desempeñan un papel crucial en la implementación de programas de alimentación escolar, contribuyendo a satisfacer las necesidades nutricionales de niños y adolescentes en todo el país, así como a reducir el ausentismo y la deserción escolar.
Con el fin de regular de manera permanente algunos de los beneficios logrados, las autoras de la moción proponen que se incluyan en la Ley de Compras Públicas requisitos específicos sobre la infraestructura y maquinaria necesarias para la elaboración de alimentos, así como la prevención de accidentes y enfermedades. También sugieren establecer un límite en la cantidad de raciones que cada trabajadora puede elaborar, fijándolo en un máximo de 50 raciones, y la obligación de las empresas de informar sobre su situación financiera y las enfermedades frecuentes que afectan a su personal.
En términos concretos, la propuesta incluye una modificación al inciso 7º del artículo 6 de la Ley Nº 19.886, que actualmente establece que los contratos de trabajo del personal que manipula alimentos en establecimientos educativos deben garantizar el pago de remuneraciones durante los meses de diciembre, enero y febrero en las mismas condiciones que los meses anteriores. La modificación sugerida añadiría que estos contratos también deben incluir condiciones mínimas de infraestructura y maquinaria, índices máximos de elaboración de raciones, y la obligación de informar sobre la situación financiera de la empresa y las enfermedades del personal.
El proyecto de ley ha completado su primer trámite constitucional y ahora se encuentra en estudio en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado.