La absolución de Claudio Crespo, excarabinero acusado de dejar ciego a Gustavo Gatica, reabre el debate sobre la Ley Naín-Retamal en Chile.
El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió a Claudio Crespo de los cargos de apremios ilegítimos que resultaron en lesiones graves a Gustavo Gatica, quien fue herido durante las protestas de 2019. La decisión del tribunal, que se dio a conocer este martes, generó una fuerte controversia política, especialmente en el oficialismo, que ahora enfrenta críticas por la ley que se promulgó en abril de 2023, conocida como Ley Naín-Retamal.
Los jueces del tribunal argumentaron que, aunque no hay evidencia directa de que Crespo disparara, la mayoría concluyó que el disparo que causó la ceguera de Gatica fue realizado por su escopeta. La jueza a cargo del caso explicó que la conducta de Crespo estaba amparada en la legítima defensa, lo que ha desatado un intenso debate sobre la interpretación y aplicación de la ley.
La Ley Naín-Retamal, que fue aprobada en un contexto de creciente violencia contra carabineros y bajo una fuerte presión pública, refuerza la presunción de legítima defensa para las fuerzas policiales en el uso de sus armas. Esta norma fue celebrada por el presidente Gabriel Boric en su momento, quien destacó su importancia para fortalecer a las policías en la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, tras la absolución de Crespo, varios parlamentarios del oficialismo han comenzado a cuestionar su efectividad y sus implicaciones.
La diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) fue una de las primeras en señalar que la absolución de Crespo se basó en la aplicación retroactiva de la Ley Naín-Retamal, que fue aprobada con el apoyo de varios miembros del oficialismo. Gazmuri criticó la ley, argumentando que amplía la impunidad y debilita los estándares de derechos humanos, advirtiendo que su aprobación podría tener consecuencias peligrosas para el uso de la fuerza por parte del Estado en el futuro.
Otros parlamentarios, como Daniela Serrano (PC) y Matías Ramírez (PC), también expresaron su descontento, señalando que la ley ha servido para otorgar impunidad a actos de brutalidad policial. Ramírez instó a los legisladores que apoyaron la ley a dar explicaciones sobre su decisión, mientras que Serrano enfatizó que la norma ha facilitado la violencia contra manifestantes.
Desde el Frente Amplio, el diputado Jorge Brito también criticó la ley, afirmando que su aprobación ha permitido que Crespo evada la responsabilidad por sus acciones. Por su parte, Tomás de Rementería (PS), quien votó a favor de la ley, defendió su postura, sugiriendo que el problema radica en la aplicación de la ley y no en su contenido.
El debate sobre la Ley Naín-Retamal y su impacto en la justicia y los derechos humanos en Chile se intensifica tras la absolución de Crespo, lo que ha llevado a algunos miembros del oficialismo a considerar una revisión de la norma. La situación pone de relieve las tensiones entre la necesidad de seguridad pública y la protección de los derechos humanos en el contexto de la actuación policial.