El Gobierno del presidente Gabriel Boric enfrenta una semana complicada marcada por un nombramiento controvertido, un informe crítico de la Contraloría y la polémica en torno a la ley de reajuste del sector público.
Tres frentes de conflicto han surgido casi simultáneamente, poniendo en evidencia las debilidades en la gestión del Ejecutivo. El primero de estos problemas se relaciona con los “amarres” incluidos en la ley de reajuste que el Gobierno debe presentar al Congreso. Este acuerdo, alcanzado entre el Gobierno y las asociaciones de trabajadores del sector público, permite que funcionarios de confianza política permanezcan en sus cargos más allá del 11 de marzo, fecha de cambio de mando. Aunque esta norma aún no ha sido ingresada al Congreso, su inclusión es considerada un compromiso del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, lo que ha generado críticas incluso dentro del oficialismo. El jefe de bancada de diputados del PPD, Raúl Soto, calificó esta disposición como “el último gran error del gobierno”.
La controversia se intensificó con el nombramiento de Patricia Muñoz como directora del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos. Muñoz, abogada cercana a Boric, se encuentra en su séptimo mes de embarazo, lo que la obligaría a ausentarse de su cargo durante al menos seis meses. Este hecho ha suscitado críticas sobre la viabilidad de la defensoría, que podría comenzar su funcionamiento sin un director. La bancada de Renovación Nacional ha solicitado a la Contraloría que fiscalice este nombramiento, advirtiendo sobre las implicaciones de tener un cargo clave vacío durante un periodo prolongado.
El secretario general del PPD, José Toro, también ha expresado su preocupación, señalando que el nombramiento de Muñoz, aunque cumple con los requisitos, podría ser visto como un retroceso en los derechos de las mujeres. Toro argumentó que la situación presenta un dilema para el Gobierno: si Muñoz asume y no toma su postnatal, se enviaría un mensaje negativo sobre los derechos laborales de las mujeres.
El tercer desafío para el Gobierno provino de un informe de la Contraloría que objetó $15,9 billones en los balances de 73 instituciones públicas, incluyendo montos significativos de los ministerios de Defensa, Vivienda e Interior. Esta auditoría ha llevado a la oposición a exigir la designación de fiscales especiales para investigar posibles irregularidades. Además, se ha planteado la posibilidad de acusaciones constitucionales contra ministros, dado que la responsabilidad política se extiende incluso tres meses después de finalizado el mandato.
El diputado Jorge Alessandri (UDI) advirtió que el próximo Parlamento podría contar con los votos necesarios para perseguir esta responsabilidad política, mientras que el jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, no descartó la posibilidad de interpelaciones y auditorías más profundas en el futuro cercano.
En medio de estas controversias, la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, generó una reacción negativa al publicar un mensaje en apoyo a la autodeterminación de Rapa Nui, lo que provocó el rechazo de la Cancillería y de parlamentarios de la Comisión de Relaciones Exteriores. La situación actual del Gobierno de Boric refleja una serie de desafíos que podrían tener repercusiones significativas en su gestión y en la percepción pública de su administración.