La Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha hecho público un informe técnico que examina la legalidad de la intervención militar conocida como Operación Resolución Absoluta, llevada a cabo el 3 de enero de 2026, que resultó en la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro. Este análisis, que había estado bajo reserva, fue elaborado en diciembre de 2025 y establece que la Constitución de Estados Unidos otorga al presidente la autoridad necesaria para llevar a cabo este tipo de acciones.
El memorándum detalla que la intervención se justificó en base a criterios tradicionales utilizados por la oficina para evaluar el uso del poder militar. Se centra en determinar si la operación cumplió con objetivos nacionales de alta prioridad y si su magnitud justificaba su calificación como guerra bajo los preceptos constitucionales. Entre los factores que respaldaron esta decisión se encuentran las graves acusaciones penales contra Maduro, la existencia de arsenales, la influencia de organizaciones criminales en la región y la necesidad de preservar la estabilidad en el continente ante la crisis humanitaria.
El informe también establece una comparación histórica entre esta intervención y misiones previas en países como Haití y Kosovo, argumentando que estas acciones no exceden las atribuciones presidenciales y no requieren una votación legislativa obligatoria, ya que no se consideran un estado de guerra formal. Sin embargo, el análisis reconoce que, en el contexto internacional, los hechos se enmarcan dentro de un conflicto armado, lo que implica que las operaciones de las tropas deben adherirse a las normativas del derecho internacional humanitario, especialmente en lo que respecta a la protección de civiles.
Además, el documento aborda la posibilidad de procesar judicialmente a Nicolás Maduro, independientemente de las circunstancias de su detención. El Departamento de Justicia se apoya en un precedente de la Corte Suprema de 1992, que establece que la jurisdicción de los tribunales estadounidenses se mantiene, incluso si el traslado del acusado fue forzoso o irregular, lo que valida su retención para fines de enjuiciamiento criminal.
En cuanto a la responsabilidad de los participantes en la operación, el informe indica que el personal militar y administrativo está respaldado por la doctrina de autoridad pública, que podría eximirlos de responsabilidad al haber actuado bajo órdenes superiores y dentro de sus competencias. No obstante, el memorándum aclara que la definición de esta inmunidad no es absoluta y presenta márgenes de interpretación legal que aún están en desarrollo.
La publicación de este informe se produce en un contexto de creciente tensión en las relaciones internacionales. Representantes de las Naciones Unidas han calificado las acciones de bombardeo sobre Caracas como una violación de la prohibición del uso de la fuerza establecida en la Carta de la ONU. A esto se suman las advertencias de autoridades iraníes sobre posibles intervenciones en su región y el rechazo formal de líderes políticos de Groenlandia a cualquier intento de adquisición de su territorio por parte del gobierno estadounidense.