La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se llevó a cabo el 3 de enero mediante un operativo militar estadounidense que combinó meses de espionaje y una significativa presencia naval frente a las costas de Venezuela. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, proporcionó detalles sobre la operación, que involucró a cerca de 200 militares y 150 aeronaves.
Hegseth informó que las fuerzas estadounidenses no sufrieron bajas durante la incursión, aunque el operativo resultó en al menos 80 muertes y numerosos heridos en Caracas. Entre las víctimas, se confirmó que 32 ciudadanos cubanos perdieron la vida. La acción militar fue el resultado de un extenso trabajo de inteligencia por parte de la CIA, que desde agosto había estado operando encubiertamente en Venezuela. Esto permitió a los agentes reconstruir los movimientos y rutinas de Maduro, así como identificar sus residencias temporales y patrones de seguridad.
El operativo comenzó con ataques a los sistemas de defensa aérea venezolanos, lo que facilitó la llegada de las fuerzas estadounidenses al lugar donde se encontraban Maduro y su esposa. Tras un intento fallido de ingresar a una habitación de seguridad, ambos se rindieron y fueron evacuados en helicóptero hacia un buque de guerra, desde donde fueron trasladados a una base militar estadounidense.
La captura de Maduro ha generado un debate sobre la responsabilidad política de la izquierda latinoamericana, que durante años ha defendido o minimizado la dictadura en Venezuela. Esta situación ha llevado a cuestionamientos sobre el costo humano del apoyo a regímenes autoritarios en la región.
En el contexto de esta operación, el canciller chileno, Alberto van Klaveren, confirmó cambios en la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, mientras que el fiscal Héctor Barros mencionó la posibilidad de solicitar la declaración de Maduro en relación con el crimen de Ronald Ojeda. Además, la expansión de la producción de crudo en Venezuela, un país con las mayores reservas del mundo, podría tener implicaciones significativas para la crisis climática global.
Una encuesta reciente ha abordado la percepción de chilenos y migrantes venezolanos sobre la operación de Estados Unidos y sus expectativas respecto al futuro de Venezuela, reflejando un amplio espectro de opiniones sobre la intervención militar. A pesar de las críticas a la norma, el gobierno chileno ha decidido continuar con la denominada ley de “amarre”.