El Ministerio de Hacienda de Chile ha realizado una exitosa colocación de bonos soberanos en los mercados internacionales, atrayendo un notable interés de inversionistas globales. La operación, que se llevó a cabo recientemente, consistió en la emisión de tres tipos de bonos: uno en dólares y dos en euros, con un total de recaudación que supera los 3.000 millones de euros y 850 millones de dólares.
El primer bono emitido fue en dólares, con un vencimiento programado para abril de 2031 y un monto de 850 millones de dólares. En cuanto a los bonos en euros, uno de ellos tiene un vencimiento en abril de 2023 y un monto de 1.500 millones de euros, mientras que el segundo, también en euros, está vinculado a metas de sostenibilidad y tiene un vencimiento en abril de 2036, con un monto de 1.500 millones de euros.
El interés por estos bonos fue significativo, con órdenes que alcanzaron más de 10.000 millones de euros y 4.500 millones de dólares, lo que refleja la confianza de los inversionistas en la estrategia financiera del país. El bono vinculado a la sostenibilidad es especialmente relevante, ya que se trata del primer bono soberano a nivel internacional que establece metas específicas para la protección y gestión de la biodiversidad.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó la importancia de este bono, afirmando que “marca un hito al alinear el costo de financiamiento del Estado con metas concretas de protección de la biodiversidad, lo que ha sido altamente valorado por los inversionistas y refuerza la credibilidad de nuestra estrategia de largo plazo”.
Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, subrayó que el bono verde en euros está relacionado con “la Meta 3 del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, al cual Chile adhiere”, y enfatizó que esto representa un ejemplo concreto de cómo se pueden crear incentivos para el desarrollo sostenible, promoviendo el crecimiento económico mientras se cuida el capital natural del país.
En relación al bono sostenible, se han establecido dos metas de desempeño (KPIs). La primera es asegurar que al menos un 30% del territorio terrestre de Chile esté protegido hacia 2030. La segunda meta se centra en la gestión efectiva de las áreas protegidas, con el objetivo de que al menos un 10% del territorio cumpla con criterios de protección y manejo efectivo hacia el mismo año. Si se logran estas metas, se contempla una reducción en la tasa de interés de los bonos, lo que disminuiría el costo de financiamiento para el Estado.
Actualmente, el 38% del stock de deuda del país está compuesto por bonos relacionados con medio ambiente, objetivos sociales o ESG (Ambiental, Social y Gobernanza). Esta emisión de bonos marca el inicio del plan de financiamiento de 2026 y fue realizada por el equipo de la Oficina de Deuda Pública de Hacienda, con la colaboración de los bancos Santander, Crédit Agricole CIB, JPMorgan y Société Générale, además de la asesoría legal internacional de Shearman & Sterling y la local de Morales y Besa.