Investigación sobre irregularidades en la gestión del alcalde de Linares durante la pandemia, incluyendo sobreprecios y proveedores no verificados.
Mario Meza Vásquez, quien tiene 46 años, fue elegido alcalde de Linares en diciembre de 2016 y actualmente busca la reelección para su tercer mandato consecutivo. Sin embargo, enfrenta una investigación por parte de la Fiscalía debido a la realización de tratos directos durante la pandemia de COVID-19, específicamente entre 2020 y 2021, para la compra de alimentos, test rápidos y cloro, por un total de $100 millones. La Contraloría ha señalado que el alcalde pagó más de $70 millones en sobreprecios por estos productos.
A finales de septiembre, tras varios años de investigación, Meza fue formalizado por el delito de fraude al fisco en carácter de reiterado. A pesar de esta situación, su coalición, Chile Vamos, ha continuado brindándole apoyo para las elecciones programadas en octubre, mientras que su partido ha optado por suspender su militancia sin pronunciarse sobre su candidatura.
Entre las controversias que rodean a Meza, se destaca un video que se volvió viral, en el que aparece junto a John Sancho, quien era el administrador municipal en ese momento. En el video, ambos se encuentran en una playa de Miami, lo que generó críticas por su actitud hacia Linares. Posteriormente, el alcalde se vio obligado a ofrecer disculpas, aunque atribuyó la situación a un uso político de sus detractores.
Meza delegó a John Sancho la gestión de las necesidades derivadas de la emergencia sanitaria mediante un decreto que permite a los municipios realizar tratos directos con proveedores, evitando así el proceso de licitación a través de Mercado Público.
En abril de 2020, en medio de la discusión sobre el regreso a clases, el Departamento de Educación de Linares decidió adquirir 6 mil bidones de cloro, lo que equivale a 30 mil litros. A pesar de recibir varias cotizaciones, se eligió al proveedor más caro y sin experiencia en el sector, Pedro Romero Orellana, quien cobró más de $36 millones al municipio. Meza ha refutado las acusaciones, afirmando que “la Contraloría indica que de las tres cotizaciones que se tuvo a la vista, el cloro que nosotros compramos fue el más barato”.
Sin embargo, se ha revelado que Orellana era un vendedor ambulante con domicilio desconocido y que había registrado su actividad en el Servicio de Impuestos Internos solo cinco días antes de la venta. Además, se descubrió que el cloro ya estaba en posesión del municipio antes de la compra, y el cheque para su pago fue emitido y cobrado en efectivo en un tiempo récord por Orellana. Meza admitió que las órdenes de compra fueron emitidas después de la recepción del cloro, y se realizó un sumario a un funcionario municipal que fue suspendido por 30 días debido a este error.
La fiscal jefe de Linares, Carola D’Agostini, se refirió a Orellana, indicando que “hoy día la estamos buscando por distintos medios (…), y la verdad es que no lo hemos podido ubicar, es como muy extraña esta situación”. D’Agostini también sugirió que podría haber una suplantación de identidad en este caso, y que el verdadero proveedor del cloro podría ser Richard Ralph Bichet, hermanastro de John Sancho.
En cuanto a la compra de test rápidos, el municipio adquirió 3 mil unidades durante la emergencia sanitaria, eligiendo nuevamente al proveedor más caro. Se pagaron $64.260.000, y la Contraloría ha señalado que esto representa un sobreprecio de más del 400%. El proveedor, Alex Fuenzalida Villalobos, es un asesor contable que recientemente comenzó a vender tests y que enfrenta una causa abierta por cohecho en otros municipios.
Además, el municipio compró 142 cajas de mascarillas a Alex Cabrera Briceño, quien anteriormente era asesor contable y no tenía el giro de negocios correspondiente. Esta compra costó $6.418.755, lo que representa un sobreprecio de más del 1.000%, según la Contraloría. En el contexto de la entrega de cajas de alimentos a familias vulnerables durante la pandemia, el alcalde Meza decidió distribuirlas a todos los hogares, independientemente de su situación económica. Aunque se pretendía fomentar la economía local comprando a pequeños empresarios, la Contraloría detectó irregularidades, incluyendo un sobreprecio de $119 millones.
Entre los comerciantes favorecidos se encontraban Juan González, vinculado a la venta de cloro, y Marianela Muñoz, pareja del primo del alcalde, quien se dedicaba a la venta de huevos. La investigación ha revelado que los proveedores fueron seleccionados antes de que la licitación fuera aprobada por el Concejo Municipal. Meza reconoció que fue un error no haber sometido la compra a la aprobación del Concejo Municipal, afirmando que “hubo un error al no haber sido aprobado por el Concejo Municipal… Se nos pasó porque era la primera compra que estábamos haciendo”.
En el contexto de la formalización de la investigación, Romero y Fuenzalida no asistieron, lo que llevó a la emisión de órdenes de detención en su contra. Los demás funcionarios municipales y proveedores quedaron bajo medidas cautelares de firma y arraigo nacional. La jueza consideró que había suficientes antecedentes para acreditar el delito de fraude al fisco, y el exadministrador municipal John Sancho fue puesto en prisión preventiva, mientras que el alcalde Meza quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
La fiscal jefa de Linares explicó que “en el caso del señor Sancho se ha establecido la reiteración de los fraudes que exceden de las 400 UTM, en el caso del alcalde fue uno. Esa es la diferencia”. Este artículo informa sobre un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.
