El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha presentado su renuncia tras ser acusado de violación por una funcionaria de su mismo departamento. La renuncia fue confirmada por Monsalve pasadas las 14 horas de este jueves, y fue aceptada por el Presidente de la República, Gabriel Boric, quien enfrenta uno de los desafíos más significativos de su administración. La situación se conoció públicamente el martes, cuando el mandatario ya había sido informado sobre la denuncia. La ministra del Interior, Carolina Tohá, indicó que Monsalve se había trasladado a la región del Biobío para discutir la situación con su familia antes de tomar cualquier decisión.
Detalles de la denuncia
La ministra Tohá fue la primera en recibir información sobre la denuncia, que fue comunicada por altos mandos de la Policía de Investigaciones (PDI) el martes 15 de octubre. En esa conversación, se le informó que al día siguiente se iniciarían los operativos relacionados con la investigación. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte está llevando a cabo la indagatoria, la cual incluye el testimonio de al menos nueve testigos que ya han declarado sobre el caso.
Operativos de la PDI
Cerca de las 18:30 horas, la PDI se presentó en el restaurante peruano “Ají Seco”, ubicado en la calle Mac Iver, donde Monsalve y la mujer que lo denunció se habían reunido. El objetivo de la PDI era incautar las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento. Sin embargo, el administrador del restaurante informó que el sistema de grabación solo almacena imágenes durante 15 días, lo que significa que las grabaciones del 22 de septiembre, fecha en la que supuestamente ocurrieron los hechos, ya no estaban disponibles. En lugar de las grabaciones, la PDI logró obtener los tickets de pago que Monsalve había realizado en el local.
La situación ha generado un gran revuelo en el ámbito político y social, dado que la renuncia de Monsalve se produce en un contexto de creciente atención hacia las denuncias de violencia de género y abuso en diversas instituciones. La respuesta del gobierno y las acciones de la Fiscalía serán observadas de cerca por la opinión pública y los medios de comunicación.
