El Diario Oficial publicó la Ley Nº 21.798, que modifica la Ley N° 21.450, ampliando su vigencia hasta 2029 y fortaleciendo la coordinación institucional en materia de vivienda.
La nueva normativa, publicada el 31 de diciembre de 2025, extiende el plazo de aplicación de la Ley N° 21.450, que regula la integración social en la planificación urbana y la gestión del suelo, así como el Plan de Emergencia Habitacional. Originalmente, la ley tenía como fecha de término el 31 de diciembre de 2025, pero con esta modificación, su vigencia se prolonga hasta el 31 de diciembre de 2029. Esta extensión busca asegurar la continuidad de las políticas públicas relacionadas con la integración social y la respuesta a la emergencia habitacional en el país.
Además, la ley introduce cambios en el artículo 1, específicamente en el literal c), donde se establece que el instrumento mencionado tendrá vigencia durante todo el período de aplicación de la ley, lo que refuerza su carácter permanente mientras se mantenga el marco normativo vigente.
Otro aspecto relevante de la modificación es la inclusión de una disposición en el artículo 13, que permite que la coordinación de las acciones en esta área sea realizada por la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio. Este órgano está contemplado en el decreto con fuerza de ley N° 1-19.175 de 2005, que sistematiza la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.
La ley también establece un artículo transitorio que obliga al Ministerio de Vivienda y Urbanismo a presentar informes trimestrales a las comisiones de Vivienda y Urbanismo del Senado y de la Cámara de Diputados. Estos informes deben detallar la ejecución anual del Plan de Emergencia Habitacional, desglosando la información por regiones e incluyendo datos sobre viviendas terminadas, en construcción y el gasto presupuestario ejecutado.
Con estas modificaciones, el legislador busca proporcionar una mayor estabilidad al marco normativo de integración social y vivienda, mejorar la coordinación entre instituciones y garantizar un seguimiento constante por parte del Congreso sobre el avance del Plan de Emergencia Habitacional en todo el país.