Las diputadas electas Javiera Rodríguez y Valentina Becerra han solicitado la revocación de las pensiones de gracia otorgadas en el contexto del estallido social del 18 de octubre, tras la revelación de un informe que estima en más de 7 mil millones de pesos los recursos asignados durante el actual gobierno.
Según los datos presentados, el total de los pagos asciende a $7.009.644.357, beneficiando a 418 personas. De estas, 270 pensiones vitalicias fueron concedidas durante la administración del presidente Gabriel Boric, mientras que 148 corresponden al mandato del expresidente Sebastián Piñera. Las parlamentarias han expresado su preocupación por lo que consideran un monto “desmesurado” y han cuestionado la transparencia del proceso de asignación, sugiriendo la posibilidad de irregularidades en la entrega de estos beneficios.
“El otorgamiento de pensiones de gracia a delincuentes relacionados con el estallido social por parte del gobierno de Gabriel Boric es una decisión altamente cuestionable. Es inaceptable que el Estado esté desembolsando recursos significativos para pagar beneficios vitalicios a individuos que han participado en actos violentos o delictivos”, declaró Rodríguez. La diputada electa instó a revocar estas pensiones y a establecer mecanismos que aseguren que los beneficios se otorguen “de manera justa y transparente”.
Por su parte, Valentina Becerra subrayó la necesidad de llevar a cabo una revisión exhaustiva del proceso de asignación de pensiones. “Se ha visto cómo, en varios casos, se han beneficiado personas con antecedentes penales que nada tienen que ver con las causas que justifican estas ayudas”, afirmó Becerra.
Esta controversia surge en un contexto en el que la Contraloría General de la República había señalado previamente la existencia de 58 beneficiarios con antecedentes penales anteriores al 18 de octubre de 2019. A raíz de esta información, el Ministerio del Interior revocó 28 pensiones durante el año 2024.
Finalmente, las diputadas electas han hecho un llamado a evaluar la continuidad de este tipo de beneficios, argumentando que, dado el volumen de recursos comprometidos, el Estado debería priorizar su uso en otras necesidades urgentes del país.