La autoridad electoral de Honduras se encuentra en la fase final del proceso de proclamación del ganador de las elecciones presidenciales, en medio de tensiones políticas y divisiones internas. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha avanzado en el escrutinio, alcanzando un 99,2% de las actas contabilizadas, y ha aprobado un informe que propone declarar al vencedor de los comicios, aunque la diferencia entre los candidatos es mínima.
El candidato del Partido Nacional (PN), Nasry Asfura, quien cuenta con el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump, lidera el conteo con una ventaja inferior a un punto porcentual sobre Salvador Nasralla, del Partido Liberal y exvicepresidente de la actual mandataria, Xiomara Castro. Esta estrecha diferencia ha intensificado las tensiones políticas y ha suscitado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral.
El CNE, en su informe, indicó que la proclamación del ganador podría realizarse este miércoles, aunque no se ha fijado una fecha oficial. La ley establece como plazo máximo el 30 de diciembre para declarar al nuevo presidente. Sin embargo, el organismo electoral aún debe revisar alrededor de 600 actas que presentan inconsistencias, lo que añade un nivel de incertidumbre al proceso.
Además, el CNE ha rechazado varias impugnaciones, lo que, según su informe, facilitaría la designación formal del ganador. No obstante, Nasralla ha expresado su desacuerdo con esta decisión, exigiendo una revisión más exhaustiva del escrutinio. En un video publicado en redes sociales, afirmó: “No acepto la declaratoria (…), están impidiendo el conteo voto por voto”, denunciando irregularidades en miles de actas y reclamando un recuento completo antes de cualquier proclamación.
Las tensiones se ven agravadas por la división interna del CNE, que ha sido criticada por su politización, ya que los cargos se reparten entre los principales partidos políticos. Esta fractura se evidenció durante la votación del informe, cuando el consejero oficialista Marlon Ochoa se opuso a su aprobación, argumentando que avanzar sin resolver las 288 impugnaciones pendientes vulnera las garantías del proceso electoral. Ochoa también ha presentado una denuncia ante la Fiscalía para investigar presuntos delitos electorales, lo que añade un nuevo foco de tensión en esta etapa final del conteo.
En el contexto de estas elecciones, el país enfrenta un clima de incertidumbre y desconfianza, mientras los ciudadanos y los actores políticos esperan una resolución clara y justa del proceso electoral.