El Gobierno de Chile ha presentado una nueva propuesta para abordar la significativa deuda acumulada con las empresas distribuidoras de energía, que asciende a más de $735 mil millones, resultado del congelamiento de tarifas implementado entre 2020 y 2024.
El anuncio fue realizado por el biministro de Energía y Economía, Álvaro García, quien explicó que la iniciativa contempla la aplicación de un cargo único en las cuentas de electricidad, lo que implicaría un aumento promedio de $1.450 mensuales durante los próximos cuatro años. Esta propuesta será entregada a la futura administración para que sea transformada en un proyecto de ley.
García detalló que el mecanismo busca regularizar los montos pendientes a las distribuidoras mediante un sistema similar al que se utilizó anteriormente para devolver cobros excesivos en las cuentas de luz, el cual fue aprobado de manera transversal en el Congreso. Según la propuesta, el incremento se aplicaría durante 48 meses a través de un cargo uniforme para todos los clientes del sistema eléctrico.
No obstante, el plan incluye la creación de un subsidio estatal que cubrirá el costo adicional para el 40% de la población más vulnerable, de acuerdo con la clasificación del Registro Social de Hogares. “Implicaría un incremento en la tarifa mensual de la luz de $1.450 por 48 meses. Proponemos que se cree un subsidio que impida que el 40% más vulnerable pague este costo adicional. Sería financiado con el incremento de los ingresos públicos que el propio incremento tarifario genera, por lo tanto no afectaría el déficit fiscal”, afirmó García.
Desde el Ministerio de Energía se precisó que la deuda se originó por el congelamiento de tarifas que se inició en 2019 y que se extendió en los años siguientes, una medida que buscó mitigar el impacto económico en los hogares, pero que generó un desfase en los ingresos de las distribuidoras.
El Ejecutivo tiene la intención de formalizar esta propuesta ante la próxima administración, con el objetivo de que sea ingresada como proyecto de ley en marzo, cuando el Congreso retome sus actividades legislativas. La autoridad subrayó que el mecanismo propuesto incorpora un criterio de solidaridad y permite enfrentar gradualmente la deuda acumulada sin trasladar todo el peso del ajuste a los sectores de menores ingresos.