Un proyecto de ley que exige a todo el personal de Gendarmería de Chile realizar declaraciones de intereses y patrimonio ha sido aprobado en la Comisión de Hacienda y está listo para ser discutido en la Sala del Senado.
La iniciativa busca aumentar la transparencia y prevenir conflictos de interés dentro de la institución, en un contexto marcado por casos de corrupción que han afectado a Gendarmería. El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, explicó que esta medida forma parte de la Estrategia Nacional de Integridad Pública y se enmarca en las acciones anticorrupción en la gestión penitenciaria. Actualmente, Gendarmería cuenta con 20,525 funcionarios, de los cuales solo el 11.5% está obligado a declarar sus patrimonios e intereses.
El proyecto establece que todos los funcionarios, tanto de planta como contratados, deberán presentar sus declaraciones en un plazo escalonado de 4, 8 y 12 meses, dependiendo de su estamento. Además, se ha previsto que los fondos necesarios para capacitar al personal que deberá cumplir con esta nueva obligación se financiarán con el presupuesto vigente de la institución, sin generar gastos adicionales.
Durante la discusión, se destacó una indicación aprobada por la senadora Yasna Provoste, que permite a los órganos fiscalizadores de Gendarmería revisar la información contenida en las declaraciones, asegurando que esta se mantenga reservada para el público general y garantizando la protección de datos personales.
La directora nacional (S) de Gendarmería, María Angélica Aguirre, subrayó la importancia de esta medida, recordando que recientemente se desvincularon a 76 funcionarios involucrados en actividades delictivas, algunos de los cuales se encuentran en reclusión o bajo medidas cautelares. Este contexto resalta la necesidad de fortalecer la integridad y la confianza en la institución.