La Fundación Hind Rajab (HRF) ha presentado una querella criminal en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago contra Rom Kovtun, un ex francotirador del Ejército de Israel, por genocidio y crímenes de lesa humanidad y de guerra en la Franja de Gaza. La denuncia se centra en los ataques a civiles y a instalaciones médicas, que están protegidas por el derecho internacional humanitario.
Kovtun, de nacionalidad israelí-ucraniana, formó parte del Batallón 424 Shaked de la Brigada Givati, donde participó en operaciones militares en Gaza. Según la querella, su implicación se da en el asedio y destrucción del Hospital Al-Shifa entre marzo y abril de 2024, lo que resultó en una devastación significativa de la infraestructura médica y en la muerte de civiles, incluidos pacientes y personal sanitario.
El documento legal detalla que Kovtun estuvo involucrado en el cerco y control militar del complejo hospitalario, operando desde posiciones de francotirador en sus alrededores. Se le atribuye haber contribuido a un fuego letal sostenido en el perímetro del hospital, así como haber impedido la evacuación segura de civiles, lo que generó condiciones que llevaron a muertes por falta de alimentos, agua, atención médica y acceso humanitario.
Tras la retirada de las fuerzas israelíes, se reportaron fosas comunes y daños severos en el mayor complejo médico de Gaza. La HRF sostiene que estos actos constituyen crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, incluyendo ataques contra civiles y contra instalaciones médicas protegidas. Dyab Abou Jahjah, director general de la fundación, afirmó: “El ataque y la destrucción de un hospital en funcionamiento durante un asedio militar golpean el núcleo del derecho internacional humanitario”.
La acción judicial fue interpuesta por el abogado chileno Pablo Andrés Araya Zacarías, del estudio Silva-Riesco Abogados, en representación de la HRF, bajo la Ley 20.357, que se alinea con el Estatuto de Roma, el tratado constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI). El escrito invoca el principio de jurisdicción universal, argumentando que este se activa por la presencia física de Kovtun en Chile.
Araya destacó que Chile, al haber ratificado el Estatuto de Roma e incorporado la Ley 20.357, tiene la obligación legal de asegurar que los acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra no encuentren refugio en el país. El abogado expresó su confianza en que el tribunal admitirá la querella e iniciará la investigación correspondiente.