El gobierno de Chile enfrenta una crisis diplomática tras la revocación de visas a tres altos funcionarios por parte de Estados Unidos, en medio de controversias sobre un proyecto de cable submarino que conectaría a China con Chile.
La medida, anunciada sin previo aviso, afecta al ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz; al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya; y al jefe de gabinete de la Subtel, Guillermo Petersen. Según el comunicado del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, estas autoridades “dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que socavaron la seguridad en el hemisferio”. El proyecto en cuestión, conocido como Chile-China Express, busca establecer una conexión de fibra óptica entre Valparaíso y Hong Kong, lo que ha generado preocupación en Washington sobre la creciente influencia de China en la región.
La reacción del gobierno chileno fue inmediata. El canciller Alberto Van Klaveren convocó al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para solicitar aclaraciones sobre las sanciones y las razones detrás de ellas. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile expresó su sorpresa y descontento, señalando que “no es la práctica diplomática hacer anuncios públicos sin previa notificación oficial”.
Desde el anuncio de las sanciones, se ha especulado que el proyecto de conectividad con China es el principal motivo de la acción estadounidense. El embajador Judd ya había manifestado anteriormente su preocupación por el proyecto, indicando que el gobierno de Donald Trump tenía una evaluación negativa del mismo. En una reunión con la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, Judd advirtió sobre los riesgos asociados a los cables submarinos chinos, sugiriendo que Chile ya cuenta con la infraestructura necesaria a través del cable Humboldt.
El senador Alejandro Kusanovic también ha expresado su inquietud sobre la falta de transparencia en el avance del proyecto, señalando que la información disponible es “fragmentaria y opaca”.
En respuesta a las sanciones, el presidente Gabriel Boric defendió la soberanía de Chile, afirmando que su gobierno no ha realizado actividades que pongan en riesgo la seguridad nacional o regional. “No aceptamos imposiciones de ningún otro respecto a las decisiones soberanas que se tomen en Chile“, declaró Boric, enfatizando que se han tomado todos los resguardos necesarios en conformidad con la ley chilena y el derecho internacional.
La situación se produce en un contexto más amplio de tensiones entre Estados Unidos y China en América Latina, donde Washington busca contrarrestar la influencia del gigante asiático en la región. La revocación de visas y las advertencias sobre la seguridad regional reflejan la creciente preocupación de Estados Unidos por los lazos comerciales entre Chile y China, especialmente en el ámbito de las telecomunicaciones.