El gobierno chileno ha presentado un nuevo proyecto de ley conocido como “supersueldos”, impulsado por el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, lo que ha generado una fuerte reacción de la Federación de Asociaciones de Funcionarios del Congreso Nacional (Fedacon). La iniciativa, que busca modificar las asignaciones del personal de la Cámara de Diputados, el Senado y la Biblioteca del Congreso, ha sido criticada por Fedacon, que acusa al presidente Gabriel Boric de haber “vendido” a los funcionarios del Congreso.
El proyecto de ley incluye cambios en las atribuciones de las Comisiones de Régimen y de la Comisión de Biblioteca, así como la fijación de los períodos de designación del Secretario de la Cámara de Diputados, el Secretario del Senado y el Director de la Biblioteca del Congreso Nacional. En este contexto, Ossandón expresó su agradecimiento al presidente Boric por presentar esta iniciativa, afirmando que “no se le baja el sueldo a nadie” y que el objetivo es asegurar un Congreso sostenible en el futuro. “Hago un llamado a los senadores y senadoras que apoyen este proyecto, que está bien hecho y que, como digo, no perjudica a nadie”, añadió.
Sin embargo, la presidenta de Fedacon, Elizabeth Cangas, ha manifestado su descontento, señalando que el proyecto es una falta de seriedad y carece de un diagnóstico adecuado. Cangas criticó que el gobierno no haya consultado a los funcionarios sobre el ranking de sueldos del Estado y acusó a la administración de Boric de actuar de mala fe. “Lamentablemente fuimos vendidos por el Presidente Boric. Estos proyectos no se presentan en traspasos de mandos constitucionales, ni parlamentarios, ni presidenciales”, afirmó Cangas, quien también advirtió sobre la posibilidad de un paro por parte de los funcionarios del Congreso si la situación no se resuelve.
El debate sobre el proyecto de “supersueldos” se produce en un contexto de tensiones entre el gobierno y los trabajadores del Congreso, quienes sienten que sus intereses no han sido adecuadamente representados en la nueva legislación. La propuesta se encuentra ahora en manos del Congreso, donde se espera que genere un intenso debate entre los legisladores y los representantes de los funcionarios.