El fallo de la Corte Suprema de Chile sobre el recurso de nulidad interpuesto por la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en relación a un caso de lavado de dinero ha generado un intenso debate en el ámbito jurídico y académico. La sentencia, emitida el 5 de agosto de 2024, ha sido considerada firme y ejecutoriada, según lo confirmado por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
El caso ha suscitado una variedad de reacciones entre los profesionales del derecho, con algunos abogados argumentando que el fallo no fue suficientemente fundamentado y que el voto disidente debería haber prevalecido. Este tipo de discusión es común en el ámbito penal, donde los fallos de la Corte Suprema no son infalibles y pueden ser objeto de análisis crítico.
La Corte Suprema, en su decisión, abordó los recursos de nulidad de manera conjunta, argumentando que la similitud entre ellos hacía innecesario un examen individual. En su fallo, la Corte destacó que la absolución de los acusados no se debió a exigencias normativas no previstas en la ley, sino a que la Fiscalía y el CDE no lograron probar los hechos que sustentaban su acusación, es decir, las maniobras de lavado de dinero no fueron acreditadas con el estándar requerido de “más allá de toda duda razonable”.
El fallo también ha puesto de relieve la importancia de la prueba pericial contable en los casos de lavado de dinero, señalando que las tres etapas del proceso de lavado, aunque útiles para la comprensión teórica del delito, no deben ser vistas como secuencias operativas estrictas. La Corte Suprema ratificó que estas etapas son más bien un ejercicio teórico que ayuda a entender la fenomenología del delito, y no deben ser aplicadas de manera categórica.
Sin embargo, se ha advertido que esta interpretación podría llevar a una desestimación del Modelo GAFI, que ha sido ampliamente aceptado por la comunidad internacional como un marco para la prevención y persecución del lavado de activos. Este modelo, que ha sido adoptado por muchos países, se basa en la identificación de etapas en el proceso de lavado de dinero y es fundamental para la producción de pruebas periciales.
El debate sobre el fallo también ha resaltado la necesidad de que los actores involucrados en la persecución penal comprendan tanto los aspectos legales como los económicos del lavado de dinero. La falta de una comprensión adecuada de estos elementos podría llevar a errores en la calificación de conductas delictivas y a la producción de informes periciales inadecuados.
El caso ha sido comparado con otros emblemáticos en la historia judicial chilena, sugiriendo que podría tener repercusiones significativas en la forma en que se abordan los delitos económicos en el futuro. La discusión sobre el fallo de la Corte Suprema y su impacto en la jurisprudencia chilena apenas comienza, y se espera que genere un número considerable de publicaciones académicas y análisis en los próximos meses.