La Corte Suprema de Chile invalidó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Copiapó que había aumentado la indemnización por la expropiación de un terreno en la comuna de Copiapó, destinado a una obra vial.
El conflicto surgió a raíz de un recurso de casación en el fondo presentado por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de la Región de Atacama, tras la decisión del Segundo Juzgado Civil de Copiapó que había acogido una reclamación sobre la indemnización provisional fijada en $10.800 por metro cuadrado para un inmueble de 5.693,42 metros cuadrados. Los reclamantes argumentaron que este valor no reflejaba el precio de mercado ni consideraba adecuadamente las características del terreno, su ubicación estratégica y comparaciones con otras expropiaciones realizadas por el Estado en la misma área.
En primera instancia, el tribunal determinó que el valor del metro cuadrado era superior al establecido administrativamente, basándose en informes periciales y documentación presentada por los reclamantes. Como resultado, se incrementó la indemnización total a $248.036.717, descontando la indemnización provisional ya pagada de $65.143.691, y ordenando al Serviu el pago del saldo de $182.893.026 más intereses.
La Corte de Apelaciones de Copiapó confirmó este fallo, lo que llevó al Serviu a presentar un recurso de casación. La Corte Suprema, al revisar el caso, destacó que las sentencias deben cumplir con requisitos formales específicos, incluyendo una fundamentación clara y suficiente que explique las razones detrás de las decisiones judiciales. En este caso, la Corte encontró que el fallo de la Corte de Apelaciones carecía de tales consideraciones, limitándose a afirmaciones generales sobre la prueba presentada sin un razonamiento claro que justificara el aumento de la indemnización.
La Corte Suprema subrayó que la sentencia impugnada no proporcionó fundamentos adecuados, señalando que se mencionaron informes periciales sin identificar y que no se explicaron las características de los predios analizados. Esto constituyó un vicio de casación formal, lo que llevó a la invalidación de la sentencia.
En su sentencia de reemplazo, la Corte Suprema revisó los antecedentes técnicos de la tasación realizada por la Comisión de Peritos, concluyendo que esta se basó en un enfoque comparativo de mercado, considerando ventas y ofertas de terrenos similares en la zona, ajustadas por factores relevantes como ubicación y uso permitido. La Corte también desestimó la pericia presentada por los reclamantes, argumentando que carecía de rigor técnico y no consideraba adecuadamente la zonificación vigente del terreno, que limitaba sus usos y, por ende, su valor.
Finalmente, la Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones y rechazó la reclamación de indemnización, confirmando el fallo del primer grado que había fijado la indemnización original.