El Congreso de Chile aprobó este miércoles la nueva Ley de Inteligencia del Estado, con 107 votos a favor y tres abstenciones, tras un proceso legislativo que se extendió por más de siete años. Esta normativa tiene como objetivo regular el sistema de inteligencia del país para enfrentar riesgos y amenazas que puedan comprometer la seguridad nacional.
La iniciativa, que se originó en un mensaje del ex presidente Sebastián Piñera en noviembre de 2018, fue impulsada por la administración del actual presidente Gabriel Boric, quien presentó indicaciones en enero de 2023. Durante la discusión de la ley, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, destacó el esfuerzo de la comisión mixta para alcanzar un acuerdo amplio, subrayando que se trata de una ley moderna que cumple con los estándares democráticos y de derechos humanos.
La nueva legislación establece que el sistema de inteligencia del Estado estará compuesto por diversas entidades, incluyendo la Agencia Nacional de Ciberseguridad, Gendarmería, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), así como los servicios de Aduanas y de Impuestos Internos, entre otros organismos colaboradores. Además, la ley regula el accionar de las Fuerzas Armadas y de Orden en materia de inteligencia, definiendo sus objetivos y los métodos de obtención de información.
Un aspecto clave de la ley es que prohíbe a los integrantes del sistema de inteligencia realizar labores o utilizar información para fines distintos a los establecidos en la normativa. También se especifican los procedimientos para la obtención de autorizaciones judiciales y se establecen sanciones para quienes vulneren los mecanismos y límites fijados por la ley.
El control externo de la aplicación de esta normativa estará a cargo de la Contraloría General de la República, los tribunales de justicia y la Cámara de Diputados, cada uno en el marco de sus competencias. Asimismo, se ordena a los comandantes en jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea implementar un sistema de auditoría para registrar las declaraciones de patrimonio e intereses de los funcionarios que se determinen.
La nueva Ley de Inteligencia del Estado se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la seguridad nacional y busca establecer un marco legal claro y riguroso para las actividades de inteligencia en el país.