El abogado constitucionalista Gastón Gómez, ex militante de Renovación Nacional (RN), presentó un informe en defensa de Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana de Chile, en el contexto de la investigación de la Fiscalía por el Caso ProCultura. En este documento, Gómez argumenta que la acusación de la Fiscalía no logra demostrar una “participación dolosa” de Orrego, lo que lleva a solicitar el rechazo de su desafuero.
El informe destaca que el fuero de Orrego es una “garantía institucional de carácter excepcional” que busca preservar el funcionamiento del gobierno regional y la voluntad popular expresada en su elección. Gómez subraya que, dado que el fuero es una excepción al principio de igualdad ante la ley, su interpretación debe ser restrictiva y ajustada a estándares estrictos de mérito penal.
Gómez enfatiza que para proceder con el desafuero, es necesario que exista una “justificación plausible” del delito imputado y una “presunción fundada de participación penal” del aforado. En este sentido, el abogado sostiene que el principio de inocencia debe prevalecer, lo que impide que el levantamiento del fuero se base en imputaciones genéricas o confusiones entre responsabilidades administrativas y penales.
El jurista también señala que las acusaciones de fraude al Fisco en contra de Orrego no se sostienen, ya que carecen de una descripción concreta de dolo defraudatorio. Según Gómez, “no se configura de manera razonable el delito de fraude al Fisco”, ya que los antecedentes presentados no establecen un nexo directo entre la autoridad y un perjuicio fiscal relevante.
Gómez concluye que la solicitud de desafuero no cumple con los estándares probatorios necesarios para presumir una participación penal del gobernador, lo que hace que autorizar el levantamiento del fuero sería jurídicamente improcedente y constitucionalmente desproporcionado.
En un contexto más amplio, la situación de Orrego se enmarca en un debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos y la necesidad de proteger el ejercicio de sus funciones frente a acusaciones que no cumplen con los requisitos legales establecidos. La defensa de Orrego busca así establecer un precedente sobre la interpretación del fuero y su aplicación en casos de acusaciones penales.