La Corte de Apelaciones de Santiago evaluará este martes los argumentos para desaforar al gobernador metropolitano, Claudio Orrego, en el contexto del caso ProCultura, un proceso que podría permitir a la Fiscalía de Antofagasta perseguir penalmente a la autoridad.
La investigación del Ministerio Público se centra en el uso de aproximadamente $1.600 millones que fueron transferidos desde el Gobierno Regional Metropolitano a la fundación ProCultura, destinada a implementar el programa de prevención del suicidio denominado “Quédate”. Este programa fue liderado por el psiquiatra Alberto Larraín, fundador de ProCultura, quien se encuentra bajo investigación por presunto fraude al fisco. De los fondos transferidos, más de $1.015 millones no habrían sido debidamente rendidos, según acciones civiles iniciadas por el propio GORE.
La audiencia que se llevará a cabo es crucial para la Fiscalía de Antofagasta, ya que determinará si se puede formalizar a Orrego. En la previa a esta revisión, el abogado defensor del gobernador, Ciro Colombara, argumentó que la solicitud de desafuero carece de fundamento, señalando errores en los antecedentes y en la calificación jurídica de los hechos. Colombara también cuestionó la atribución de la calidad de funcionarios públicos a personas que no lo eran.
El informe de defensa elaborado por el académico de la Universidad de Chile, Gastón Gómez Bernales, respalda esta postura, indicando que la imputación penal se ve debilitada por inconsistencias fácticas y errores en los antecedentes utilizados. Gómez Bernales también destacó que la Fiscalía habría cambiado la calificación de los delitos de fraude al fisco a apropiación indebida, lo que no se aplicaría al gobernador ni al GORE.
Además, el documento menciona que varias resoluciones judiciales en Antofagasta y Santiago han coincidido en parte con los argumentos de la defensa, especialmente en lo que respecta a la competencia y el alcance de las imputaciones, lo que podría aumentar las posibilidades de que el desafuero sea rechazado.
La investigación forma parte del caso Convenios, que examina la transferencia de recursos públicos a fundaciones y las posibles irregularidades en su ejecución. En el caso del GORE Metropolitano, el convenio con ProCultura fue terminado anticipadamente debido a cuestionamientos sobre la rendición de cuentas, lo que llevó a acciones para exigir la restitución de los fondos.
Por otro lado, cinco miembros de la fundación, incluido Alberto Larraín, han sido formalizados por presunto fraude al fisco, aunque todos han quedado con arraigo nacional, lo que algunos expertos consideran un factor que podría influir en la discusión sobre el desafuero de Orrego. Si la Corte de Apelaciones acepta la solicitud de desafuero, Orrego sería suspendido de su cargo y podría ser formalizado por el Ministerio Público. En caso contrario, se cerraría la posibilidad de imputarle responsabilidad penal directa en esta fase del proceso.