Chile se enfrenta a una encrucijada económica, con el precio del cobre en niveles récord, pero una caída proyectada en la inversión minera para 2026.
El precio del cobre ha alcanzado cifras históricas, superando los US$5,8 por libra, lo que equivale a cerca de US$12.900 por tonelada. Sin embargo, las proyecciones de inversión en el sector minero para el año 2026 indican una contracción significativa, estimándose en aproximadamente US$8.942 millones, lo que representa una disminución del 8,8% en comparación con los US$9.809 millones previstos para 2025. Esta situación no es meramente coyuntural, sino que refleja un problema estructural más profundo: la continua asfixia permisológica que retrasa proyectos estratégicos en el país.
Las cifras oficiales subrayan la magnitud de la oportunidad que se encuentra en juego. La cartera de proyectos mineros para el período 2025-2034 supera los US$104.000 millones, la cifra más alta registrada en más de diez años. Sin embargo, una parte considerable de estas iniciativas se encuentra en fases iniciales o detenidas debido a procesos regulatorios que pueden extenderse hasta siete años solo en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), y hasta una década si se consideran todos los permisos sectoriales necesarios. La incertidumbre regulatoria y la falta de predictibilidad son factores que erosionan la competitividad de Chile frente a otros destinos mineros.
Recientemente, se han implementado avances normativos que, aunque necesarios, aún son insuficientes. La modernización del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que entrará en vigor en enero de 2025, ha introducido ajustes significativos para agilizar las evaluaciones de modificaciones de bajo impacto y proyectos menores, lo que podría ayudar a descomprimir el sistema. Además, la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Ley N°21.770) busca reducir los tiempos de tramitación entre un 30% y un 70%, mediante la implementación de plazos máximos, tramitación paralela y la creación de una Ventanilla Única Digital.
No obstante, la efectividad de estas reformas dependerá en gran medida de su implementación política y administrativa. El nuevo gobierno que asumirá en marzo de 2026, liderado por José Antonio Kast, enfrentará el desafío crucial de convertir estas herramientas legales en resultados concretos, evitando que las reformas se vean atrapadas en la burocracia o en resistencias institucionales. La promesa de una mayor eficiencia regulatoria deberá traducirse en una coordinación efectiva entre los servicios públicos, así como en el fortalecimiento de capacidades técnicas y criterios homogéneos de evaluación.
El nuevo gobierno también deberá manejar una tensión estructural: acelerar la inversión sin comprometer los estándares ambientales y sociales, en un contexto de alta sensibilidad territorial y creciente escrutinio ciudadano. Un Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental más ágil no resolverá por sí solo las demoras asociadas a concesiones de agua, permisos sanitarios o autorizaciones municipales, ni evitará la judicialización de proyectos, a menos que se fortalezca el diálogo temprano y el relacionamiento comunitario, especialmente en territorios indígenas y zonas de influencia directa.
El año 2026 será crucial no solo para evaluar el impacto de la modernización del SEIA y la Ley 21.770, sino también para medir la capacidad política del nuevo gobierno para restablecer la confianza de los inversionistas, sin retroceder en legitimidad ambiental y social. Con una cartera de inversión que supera los US$104.000 millones y una creciente demanda global por minerales críticos para la transición energética, Chile se enfrenta a la posibilidad de recuperar su competitividad o confirmar un estancamiento estructural, esta vez no por falta de recursos, sino por deficiencias en gobernanza, implementación y gestión territorial.