Tres comités sociales del Cerro Centinela, ubicado en San Antonio, han presentado un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Esta acción legal se dirige contra la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio y la delegada del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gloria Maira, en relación a la megatoma que afecta a la comunidad.
El recurso argumenta que 2.143 familias han sufrido daños tanto físicos como psicológicos debido a desalojos que consideran ilegales y arbitrarios, además de carecer de los resguardos adecuados. Los comités denuncian violaciones a derechos fundamentales, incluyendo la vida, la integridad, la honra, la igualdad ante la ley y la protección de la salud.
Dafne Aránguez, representante de los comités en esta acción judicial, explicó que la base del recurso radica en las afectaciones que han sufrido las víctimas, las cuales se han visto agravadas por la negativa de la Delegación a proporcionar información sobre sus acciones.
En un contexto relacionado, el Movimiento Pobladores Organizados ha interpuesto una querella por estafa contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Aunque esta querella fue declarada inadmisible, el vocero del movimiento, Gustavo Sepúlveda, indicó que se han solicitado nuevas diligencias investigativas.
El recurso de protección detalla irregularidades en el proceso de desalojo que comenzó en enero de 2026. Entre las irregularidades se mencionan demoliciones anticipadas, la falta de información sobre reubicaciones para los pobladores, y la ausencia de apoyo adecuado para grupos vulnerables como adultos mayores, niños y personas con discapacidad. También se mencionan omisiones en la fiscalización de albergues y en el cumplimiento de protocolos establecidos.
En la ampliación del recurso, se solicita la suspensión del desalojo, el cese del hostigamiento hacia las familias y dirigentes del asentamiento, así como la implementación de medidas cautelares y subsidios de arriendo por un periodo mínimo de dos años para 120 socios que se encuentran directamente afectados.
Por su parte, la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio ha declarado que todos los ciudadanos tienen el derecho legítimo de recurrir a los tribunales de justicia y que sus acciones se han llevado a cabo en cumplimiento de lo ordenado por los tribunales.