La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, ha solicitado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que inicie un proceso legal contra quienes pudieran haber mal utilizado los recursos del Pase Cultural, tras recibir denuncias sobre su uso inapropiado. Esta decisión se produce en el contexto de un reportaje de Tele13 que reveló testimonios en redes sociales donde jóvenes afirmaron haber gastado los $50,000 del Pase en alcohol y en clubes nocturnos, e incluso algunos han solicitado el reembolso de esos gastos.
El Pase Cultural, que ha sido implementado como una política pública para facilitar el acceso a la cultura, ha sido utilizado por cerca de 94,000 personas en sus primeros seis meses de funcionamiento, según el Ministerio de las Culturas. En un comunicado, la cartera defendió la efectividad del programa, afirmando que ha permitido a los beneficiarios adquirir libros, instrumentos musicales y asistir a diversas actividades culturales, lo que ha fortalecido su vínculo con las artes.
El ministerio también destacó que, hasta el momento, no hay evidencia de un uso irregular generalizado del Pase Cultural, y que existen numerosos testimonios que reflejan su impacto positivo. Sin embargo, la ministra Arredondo ha enfatizado la necesidad de investigar cualquier irregularidad, señalando que se deben tomar acciones contra quienes incitan a un uso fraudulento del beneficio.
En medio de esta controversia, el exdiputado, actualmente en prisión preventiva, ha criticado al Ministerio Público, acusándolo de falta de objetividad y de construir un caso basado en filtraciones y declaraciones engañosas. Por su parte, el presidente Gabriel Boric ha manifestado que si se comprueba que hay personas que han hecho un mal uso del Pase Cultural, deben ser investigadas y el dinero debe ser devuelto.
El Pase Cultural fue creado con el objetivo de democratizar el acceso a la cultura en Chile, y su implementación ha sido objeto de debate en el contexto de la gestión cultural del país. La situación actual pone de relieve la importancia de garantizar la correcta utilización de los recursos públicos destinados a fomentar la cultura.