El Gobierno de Chile ha descartado la posibilidad de regularizar a más de 180 mil personas en situación irregular antes del cambio de mando, programado para el 11 de marzo. La vocera del Gobierno, Camila Vallejo, respondió a la ex ministra del Interior, Carolina Tohá, quien había instado a la administración actual a llevar a cabo este proceso para evitar que el próximo gobierno expulse a quienes se han empadronado.
Tohá, en un podcast del senador Felipe Kast, argumentó que el actual gobierno tiene la responsabilidad de regularizar a estas personas antes de que asuma el nuevo presidente, señalando que “si no va a entregar a estas personas que se acercaron de buena fe con la idea de tomar contacto con el Estado y de dejar de estar escondidas, va a entregar en bandeja para que sean los primeros que son expulsados”.
Sin embargo, Vallejo enfatizó que no existe un plan de regularización antes del 11 de marzo, explicando que tales procesos requieren tiempo y deben ser discutidos con la próxima administración. “No hay un plan de regularización de aquí al 11 de marzo, porque son procesos que no pueden resolverse en tres o cuatro semanas”, afirmó la ministra, añadiendo que estos deben ser articulados y conversados entre ambas administraciones.
La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) también destacó que el empadronamiento realizado proporcionará información valiosa para que el próximo gobierno decida sobre la regularización, ya sea total o parcial, y que esto representa un avance significativo en la política migratoria del país.
Desde el futuro gobierno de José Antonio Kast, el próximo ministro del Interior, Claudio Alvarado, criticó la propuesta de Tohá, calificándola como una “decisión política de última hora” que busca condicionar a la próxima administración. Alvarado subrayó que sería inapropiado tomar decisiones sobre migrantes irregulares a un mes del final del mandato actual, ya que las consecuencias de tales decisiones recaerían en el nuevo gobierno.
Este intercambio de opiniones refleja la tensión entre las administraciones saliente y entrante en un tema que ha sido objeto de debate en la sociedad chilena, especialmente en el contexto de la creciente migración irregular en el país.