La Cámara Civil y Comercial Federal de Argentina ha ratificado una sentencia que obliga al Estado Nacional a indemnizar con 1.700.000 pesos, más intereses, a un miembro de la Policía Federal que sufrió lesiones mientras cumplía con sus deberes. El tribunal determinó que el daño no se produjo en el contexto de un enfrentamiento armado ni en una acción bélica, lo que establece la responsabilidad del Estado bajo las normas del derecho común.
En su fallo, el Tribunal explicó que el Estado debe responder por lesiones derivadas de accidentes, diferenciando estos casos de aquellos que involucran acciones bélicas o enfrentamientos armados. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido precedentes que respaldan esta distinción, indicando que la responsabilidad del Estado se limita a situaciones de riesgo inherentes al servicio armado.
Los jueces subrayaron que la jurisprudencia del máximo tribunal equipara al Estado con cualquier empleador, lo que implica que no puede eludir su responsabilidad en caso de accidentes laborales. En este sentido, el fallo enfatizó que el ingreso a la fuerza policial no implica la renuncia al derecho a ser indemnizado si se es víctima de un daño durante el ejercicio de las funciones.
El tribunal también destacó que el deber de seguridad que tiene el Estado hacia sus empleados es inherente al contrato de trabajo o de empleo público, y que este deber es preexistente al accidente. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de garantizar la integridad psicofísica de sus dependientes, lo que refuerza la decisión de indemnizar al oficial afectado.
Este fallo se enmarca en un contexto más amplio de protección de los derechos de los trabajadores y la responsabilidad del Estado en el ámbito laboral, reafirmando la importancia de la seguridad en el desempeño de funciones públicas.