La empresa pesquera Camanchaca ha presentado una demanda contra el Estado de Chile, reclamando una indemnización de $90 mil millones por daños ocasionados por la modificación anticipada del régimen de fraccionamiento pesquero, según lo establecido en la Ley 21.752.
La acción legal fue interpuesta el 31 de enero ante el 18° Juzgado Civil de Santiago, y se produce tras una advertencia realizada por la compañía en abril del año pasado, cuando la modificación del fraccionamiento estaba en discusión en el Congreso. Camanchaca argumenta que esta modificación afecta los derechos adquiridos tanto de la empresa como del sector pesquero en general.
Ricardo García, gerente general de Camanchaca, expresó que el Estado había establecido reglas claras que llevaron a la empresa a realizar significativas inversiones basadas en esos compromisos. “Cuando esa promesa se rompe unilateralmente antes de tiempo, no solo se afecta a una empresa, sino que se daña la confianza en el país como un todo”, afirmó García en un comunicado.
La empresa sostiene que la Ley N° 21.752 ha vulnerado sus derechos patrimoniales y ha comprometido la seguridad jurídica del sector pesquero. Camanchaca recordó que anteriormente se había establecido un sistema de administración basado en licencias transables de pesca, que garantizaba un fraccionamiento de cuotas entre los sectores industrial y artesanal hasta, al menos, 2032, con la posibilidad de renovación bajo un tratamiento equitativo.
La pesquera argumenta que este sistema había permitido un ordenamiento de la actividad pesquera y había generado certezas para la inversión. En 2013, Camanchaca aceptó el nuevo régimen de fraccionamiento, lo que implicó renunciar a autorizaciones indefinidas y asumir una reducción inicial de sus derechos, además de pagar un elevado royalty y realizar inversiones a largo plazo por decenas de millones de dólares.
Sin embargo, en 2025, el fraccionamiento fue modificado siete años antes de su vencimiento, lo que redujo de manera inmediata y permanente la participación del sector industrial sin fundamentos técnicos o científicos, afectando las perspectivas de desarrollo futuro, según la empresa.
Camanchaca ha señalado que las modificaciones en el fraccionamiento son especialmente perjudiciales para el sector del jurel, que ya había sido severamente afectado antes de las modificaciones de 2012, pero que había comenzado a recuperarse gracias a ellas. La empresa estima que, con las cuotas ya definidas, enfrentará una merma de 33 mil toneladas de jurel en 2026.
Por lo tanto, la compañía ha calculado un perjuicio de $90 mil millones, cifra que corresponde a la indemnización que solicita en su demanda. García concluyó que “esto no es una discusión ideológica ni un conflicto entre sectores. Es una cuestión de respeto a los derechos adquiridos. Cuando el Estado expropia, la ley y la Constitución lo obligan a indemnizar; no hacerlo es ilegal”.