La exministra y exvocera de la Corte Suprema de Chile, Ángela Vivanco, fue sometida a prisión preventiva el 30 de enero tras ser formalizada por delitos de cohecho y lavado de activos.
La decisión fue tomada por el juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Cristián Sánchez, quien determinó que Vivanco deberá cumplir con esta medida cautelar en el recinto penitenciario de San Joaquín, donde ha estado detenida desde el inicio del proceso. La formalización de la exjueza se extendió desde el lunes anterior, y durante este tiempo se presentaron diversos antecedentes que llevaron a la decisión del tribunal.
El juez Sánchez argumentó que los elementos presentados por la Fiscalía y los querellantes son suficientes para justificar la prisión preventiva, subrayando que “no cabe duda” respecto al delito de lavado de activos.
La fiscal a cargo del caso expresó su satisfacción con la resolución del tribunal, afirmando que “tenemos una investigación sólida” y que la libertad de Vivanco representa un peligro para la seguridad de la sociedad. La fiscal también destacó que la investigación se está llevando a cabo con el mismo rigor en todos los casos, independientemente de la posición de la acusada.
Según los antecedentes proporcionados por el Ministerio Público, se alega que Vivanco recibió sobornos de la empresa Belaz Movitec SpA a cambio de fallar a su favor en un litigio contra Codelco, lo que resultó en que la estatal cuprífera pagara 17 mil millones de pesos a la compañía chileno-bielorrusa.
La situación de Ángela Vivanco marca un hito en la justicia chilena, dado su alto cargo en el sistema judicial del país, y plantea interrogantes sobre la corrupción en las instituciones públicas.