Este domingo, los gobiernos de Chile, Brasil, Colombia, México, Uruguay y España emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su rechazo a la intervención militar unilateral de Estados Unidos en Venezuela, reafirmando su compromiso con los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas (ONU).
En el documento, los países firmantes manifestaron su “profunda preocupación y rechazo” ante las acciones militares llevadas a cabo de manera unilateral en el territorio venezolano, las cuales consideran que contravienen principios fundamentales del derecho internacional, especialmente la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, así como el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados.
Los seis gobiernos iberoamericanos advirtieron que tales acciones representan un “precedente sumamente peligroso para La Paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil”. En un segundo punto, reiteraron que la crisis en Venezuela debe ser resuelta exclusivamente a través de medios pacíficos, enfatizando la importancia del diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, sin injerencias externas y en conformidad con el derecho internacional.
Asimismo, subrayaron que “solo un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana”. En este contexto, reafirmaron el carácter de América Latina y el Caribe como una “zona de paz”, fundamentada en el respeto mutuo, la solución pacífica de controversias y la no intervención, haciendo un llamado a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que amenace la estabilidad de la región.
Finalmente, los gobiernos solicitaron al secretario general de la ONU, António Guterres, y a los estados de “mecanismos multilaterales pertinentes” que utilicen sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de tensiones y a la preservación de la paz regional. También expresaron su preocupación ante cualquier intento de control gubernamental o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo cual consideran incompatible con el derecho internacional y una amenaza a la estabilidad política, económica y social de la región.