En la noche del 2 al 3 de enero de 2026, Estados Unidos llevó a cabo una operación militar en Venezuela que incluyó el despliegue de fuerzas especiales, comandos lanzados desde helicópteros, y el apoyo de 150 aviones y embarcaciones en las costas venezolanas. Esta acción ha suscitado una fuerte reacción en América Latina, donde varios países han expresado su condena a lo que consideran una violación de la soberanía venezolana y del derecho internacional.
La Secretaría General de Naciones Unidas y la Presidencia de la Asamblea General han emitido comunicados oficiales en respuesta a la intervención militar. Se anticipa que el Consejo de Seguridad de la ONU abordará el tema, aunque se prevé que Estados Unidos ejerza su derecho de veto. Sudáfrica ha solicitado que el asunto sea discutido en la Asamblea General, donde los 193 Estados Miembros podrán votar sobre la situación.
Históricamente, Estados Unidos ha realizado intervenciones militares en América Latina, siendo la más reciente la invasión a Panamá en 1989. La acción del 3 de enero de 2026 ha sido comparada con intervenciones pasadas, como la de Irak en 2003, donde se justificó el uso de la fuerza bajo conceptos como “legítima defensa preventiva”. Sin embargo, el uso de la fuerza entre Estados está prohibido por la Carta de Naciones Unidas desde 1945.
El presidente de Estados Unidos ha declarado que la intervención busca asegurar una “transición pacífica” en Venezuela y facilitar la comercialización del petróleo del país. Sin embargo, esta postura ha sido criticada por diversos sectores, incluyendo a la oposición venezolana, que ven la acción como un ataque a la soberanía nacional.
Reacciones oficiales de países latinoamericanos han sido contundentes. Brasil ha calificado la intervención como una “afronta gravísima a la soberanía de Venezuela” y un precedente peligroso para la comunidad internacional. Chile, por su parte, ha reafirmado que el respeto a la soberanía es una línea roja que no debe cruzarse, advirtiendo que la intervención podría tener repercusiones en la estabilidad regional. Colombia y México también han condenado la acción, enfatizando la necesidad de soluciones pacíficas y el respeto al derecho internacional.
En contraste, algunos países como Argentina y Paraguay han expresado apoyo a la intervención, justificando la acción en el contexto de la lucha contra el narcotráfico. Esta división en las reacciones refleja las tensiones políticas en la región y la complejidad de la situación en Venezuela, que ha estado marcada por una crisis humanitaria y política desde hace años.
La intervención de Estados Unidos ha reavivado el debate sobre la soberanía y la intervención militar en América Latina, un tema que ha generado controversia y división entre los países de la región. La situación en Venezuela, ya de por sí crítica, podría verse aún más agravada por esta acción militar, lo que plantea interrogantes sobre el futuro del país y la estabilidad en la región.