Un estudio de la Universidad de Chile revela que la implementación del Sistema de Medición Inteligente (SMI) en el país podría generar un impacto positivo significativo, siempre que se adopten tarifas flexibles y se gestione adecuadamente la demanda eléctrica.
El análisis, realizado por Nicolás Sanhueza bajo la supervisión del profesor Francisco Valencia, concluye que la inversión necesaria para el despliegue masivo de medidores inteligentes asciende a aproximadamente 1.500 millones de dólares. Sin embargo, se estima que esta inversión podría resultar en un valor actual neto (VAN) positivo de 94.000 millones de dólares, beneficiando tanto a los consumidores como al sistema eléctrico en su conjunto.
El estudio se centra en un análisis costo-beneficio a nivel nacional, desglosado por densidad territorial, y propone un enfoque diferenciado para la implementación de tecnologías de comunicación en diversas zonas del país. Los resultados indican que, para asegurar la rentabilidad social del SMI, es crucial establecer tarifas flexibles, gestionar la demanda y fomentar la electrificación. Sin estas medidas, la implementación masiva de medidores inteligentes podría representar un costo tanto para el país como para los usuarios finales.
Entre los beneficios operativos que se valorizaron para las distribuidoras se incluyen la lectura y corte remoto, la localización de fallas y la optimización de la inversión en la red, lo que se traduce en un ahorro anual de 60 millones de dólares. Además, se proyectan beneficios directos de 131 millones de dólares anuales por la reducción de emisiones y errores comerciales, así como beneficios indirectos de 39 millones de dólares anuales derivados de un consumo más eficiente y la gestión de la demanda.
Sin embargo, el análisis advierte que, en un escenario de implementación masiva sin las condiciones adecuadas, el proyecto podría resultar en un VAN negativo de 533 millones de dólares, lo que implicaría un costo mensual adicional de 560 pesos para cada cliente. Para revertir esta situación y alcanzar una rentabilidad positiva, se sugiere la necesidad de implementar tarifas que reflejen el acceso a energía solar a precios más bajos, así como un incremento del 9% en la demanda eléctrica regulada, equivalente a 1.597 GWh al año.
El estudio también cuestiona las exigencias normativas actuales sobre la granularidad de la medición, sugiriendo que una medición horaria sería suficiente para habilitar los beneficios analizados, en lugar de los requerimientos más estrictos establecidos en la regulación vigente.
Finalmente, el autor del estudio, Nicolás Sanhueza, enfatiza que el documento proporciona evidencia para replantear la estrategia de implementación del SMI, sugiriendo un enfoque más focalizado por territorio y políticas que permitan capturar beneficios indirectos, lo que podría resultar en un impacto social positivo.