La controversia en torno a la norma de “amarre” acordada entre el Gobierno de Chile y la Mesa del Sector Público para el año 2026 continúa generando reacciones. La Unión Demócrata Independiente (UDI) ha anunciado su intención de acudir al Tribunal Constitucional (TC) si el Ejecutivo logra aprobar esta medida en el Congreso.
La norma en cuestión establece que la no renovación de contratos o su renovación en condiciones diferentes en subsecretarías, servicios públicos dependientes de los ministerios, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades, se llevará a cabo únicamente mediante un acto administrativo fundamentado, basado en criterios objetivos y verificables.
Este fin de semana, la bancada de diputados de la UDI emitió una declaración pública en la que criticaron al Gobierno, calificando su postura como “impropia, deshonesta e irresponsable”. Durante la jornada de hoy, los diputados Guillermo Ramírez y Jorge Alessandri confirmaron que, de aprobarse estas disposiciones, presentarán un requerimiento ante el TC.
“La ley de reajuste al sector público tiene un objetivo bastante claro y acotado, que tiene que ver con las remuneraciones y otros beneficios de los trabajadores del sector público. Por lo tanto, al incorporar normas sobre el empleo y la estabilidad laboral de los funcionarios, lo que está haciendo el Gobierno es transformar este proyecto en una reforma encubierta al Estatuto Administrativo, sin abrir un debate serio y transparente que exige una materia de este tipo”, señalaron los diputados.
Además, advirtieron que si el Ejecutivo persiste en incluir estas medidas en el proyecto de ley y logra su aprobación con el apoyo del oficialismo, recurrirán inmediatamente al Tribunal Constitucional, afirmando que no permitirán que se protejan a sus operadores políticos a través de esta normativa.
La UDI también hizo un llamado a los partidos de centro izquierda, especialmente al Partido Socialista (PS) y al Partido por la Democracia (PPD), para que rechacen el aspecto más controvertido del acuerdo entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público.
“No se trata de una disputa ideológica, sino de actuar con la mayor responsabilidad y no terminar siendo cómplices de una maniobra totalmente impropia e inmoral”, insistieron.
Finalmente, los diputados subrayaron que lo que está en juego no es solo el reajuste salarial de los funcionarios públicos, sino el respeto a la democracia y la alternancia en el poder. “Si el actual Gobierno insiste en dejar amarrado a sus operadores, solo por una afinidad política e ideológica, no vamos a dudar un minuto en recurrir al TC para frenar este verdadero abuso”, concluyeron.