Los diputados de oposición en la comisión de Hacienda del Congreso chileno han expresado su rechazo al proyecto de ley de reajuste del sector público para el año 2026, presentado por el Ejecutivo. En una declaración pública, los parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y Republicanos, entre ellos Felipe Donoso, Frank Sauerbaum, Miguel Mellado, Agustín Romero y Gastón Von Mühlenbrock, criticaron la forma en que se ha abordado esta iniciativa legislativa.
Los legisladores manifestaron su desacuerdo con la inclusión de múltiples materias en el proyecto, argumentando que estas no corresponden a un reajuste salarial. Afirmaron que el contenido de la ley responde a presiones de organizaciones sindicales, las cuales deberían ser discutidas de manera separada y con un análisis técnico y financiero adecuado. En su declaración, los diputados señalaron: “rechazamos, categóricamente, que en esta ley se incorporen múltiples materias que no corresponden a un proyecto de esta naturaleza”.
Además, los parlamentarios sostuvieron que la forma de legislar adoptada por el Gobierno es impropia y deshonesta, sugiriendo que esto se debe a la falta de voluntad del Ejecutivo para enfrentar las presiones o a una ideología que busca expandir el Estado sin una planificación fiscal responsable. En este sentido, indicaron que existe una “falta de transparencia absoluta” respecto al financiamiento real y al impacto económico de la ley, así como un aparente desconocimiento por parte del ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre cómo se cubrirán los gastos derivados de este reajuste.
Los diputados también advirtieron que las finanzas públicas han sido sobreestimadas por la actual administración y que el reajuste propuesto carece de un respaldo financiero claro. “Considerando que esta falta de rigurosidad ha sido advertida durante meses, hoy tenemos el legítimo derecho a presumir que la intención del Gobierno sería traspasar un reajuste desfinanciado, de tal manera que el costo político y fiscal sea asumido por la próxima administración”, añadieron.
Por lo tanto, los parlamentarios solicitaron que organismos técnicos e independientes, como la Contraloría General de la República (CGR) y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), sean convocados para evaluar la viabilidad y sostenibilidad fiscal del proyecto. En su declaración, enfatizaron: “no vamos a permitir que las autoridades sigan experimentando, improvisando y adoptando decisiones ideológicas que comprometan la estabilidad de las finanzas públicas del país”.
Finalmente, los diputados expresaron su compromiso con los ciudadanos, asegurando que su principal preocupación es garantizar que el Estado cumpla con sus compromisos sin poner en riesgo el equilibrio fiscal ni exponer al país a crisis presupuestarias.