El Tribunal Constitucional de Chile se encuentra ante un requerimiento de inconstitucionalidad presentado por la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial (ANEJUD) en relación al Acta N° 302-2025 de la Corte Suprema, específicamente en lo que respecta a ciertos artículos que, según la asociación, contravienen la Constitución Política del país.
El requerimiento fue interpuesto el 30 de diciembre de 2025, en el contexto de un recurso de protección (Rol N° 27.390-2025) que había sido declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones de Santiago. ANEJUD argumenta que el Acta 302-2025, vigente desde su publicación en el Diario Oficial el 26 de diciembre de 2025, ha generado confusión y problemas administrativos, afectando la estabilidad laboral de los funcionarios del Poder Judicial.
Entre las principales críticas al Acta, se señala que ha establecido restricciones que impiden a los funcionarios titulares asumir cargos a contrata, lo que ha llevado a la renuncia de muchos a su titularidad. Además, se argumenta que la normativa ha creado una barrera de acceso a la justicia, con tasas de inadmisibilidad de recursos de protección que han oscilado entre el 25% y el 40% en períodos de alta litigación. ANEJUD califica la inadmisibilidad del recurso como una “denegación de justicia”, ya que no existen otras vías efectivas para impugnar el acto.
El requerimiento también destaca que el Acta 302-2025 es financieramente ineficiente, ya que al prohibir las suplencias internas, obliga a la contratación de personal externo, lo que incrementa los costos y reduce la productividad. Esta situación se produce en un contexto de recortes presupuestarios, como la reducción de $17.000 millones anunciada recientemente.
ANEJUD ha presentado casos concretos de funcionarios que han visto afectada su carrera y estabilidad laboral debido a las restricciones impuestas por el Acta. Se argumenta que estas limitaciones vulneran derechos fundamentales, como el derecho a la igualdad ante la ley y el acceso a funciones públicas, además de contradecir normas establecidas en la Ley de Presupuestos 2026 y el Código Orgánico de Tribunales.
La asociación solicita al Tribunal Constitucional que admita a trámite el requerimiento y declare la inconstitucionalidad del Acta 302-2025, o al menos de sus artículos 2° letras b) y c), así como del artículo transitorio. También pide la suspensión del procedimiento del recurso de protección y de los efectos del auto acordado, para evitar daños a los funcionarios mientras se resuelve el fondo del asunto.
El Tribunal Constitucional, a través de su Primera Sala, deberá evaluar si el requerimiento cumple con los requisitos necesarios para ser admitido a trámite, lo que incluye la claridad en la exposición de hechos y fundamentos de derecho. Si se considera admisible, el Tribunal Pleno se pronunciará sobre el fondo del asunto, y cualquier sentencia que declare la inconstitucionalidad será publicada en el Diario Oficial, lo que implicará la derogación del auto acordado en cuestión.