La reciente venta de la filial argentina de Telefónica a Telecom ha intensificado las tensiones entre el Gobierno de Javier Milei y el Grupo Clarín. El presidente Milei ha instruido a los funcionarios del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) a preparar las herramientas necesarias para obstaculizar una transacción que, aunque se realiza entre entidades privadas, tiene un impacto significativo en el panorama público argentino, dado que podría resultar en una estructura oligopólica en el sector de las telecomunicaciones.
La venta de la filial argentina de Telefónica se concretó de manera rápida, cerrando un proceso que había sido anunciado en 2019 pero que no había avanzado hasta ahora. En un periodo de un mes, Telefónica encontró un comprador por un monto superior al esperado, dejando a otros competidores importantes, tanto en el ámbito de las telecomunicaciones como en el sector empresarial, desairados. Desde la empresa española se limitaron a comunicar oficialmente la transacción, evitando entrar en detalles sobre la aceleración del proceso de venta. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso indicaron que esta decisión podría haber sido impulsada por la necesidad de Telefónica de desvincularse de un conflicto con intereses políticos.
El pasado viernes, se presentaron los interesados en la compra, aunque bajo la lógica de una “oferta no vinculante”, según la terminología utilizada en el ámbito internacional. El banco estadounidense JP Morgan fue el encargado de reunir a los potenciales compradores, incluyendo fondos de inversión extranjeros que buscaban atraer nuevos postulantes a través de estas ofertas. La mayoría de los grupos interesados presentaron sus propuestas para acceder al “data room”, un primer paso en un proceso que se anticipaba largo. Sin embargo, se identificaron cuatro intenciones firmes: América Móvil, controladora de Claro y dirigida por el mexicano Carlos Slim; el Grupo Werthein, propietario de DirecTV; Telecentro, del empresario argentino Alberto Pierri; y finalmente, Telecom, que resultó ser la ganadora de la puja.
En el contexto de la venta, surgieron inquietudes sobre la judicialización del proceso. Según información confirmada por Perfil, hubo una oferta que superó la presentada por Telecom. Un participante de la compulsa expresó su sorpresa, afirmando: “No entendemos qué pasó. No solo este primer paso no era para hacer ofertas definitivas, sino que además Telecentro fue quien presentó la mejor propuesta”.
Un aspecto notable de la negociación es que Telefónica tiene una deuda con el ENACOM que supera los 50 millones de dólares en concepto de impuestos, la cual no fue saldada antes de la venta. Un experto en el sector de telecomunicaciones comentó: “Si la intención de vender era certera y con carácter de urgente, es raro que no haya pagado esa deuda”. El informe oficial sobre la transacción mencionó un monto de 1.245 millones de dólares, aunque desde Telecom admitieron que el verdadero monto fue de 1.300 millones de dólares, lo que podría haber influido en el resultado de la puja.
Con la venta, el presidente Milei ahora tiene la autoridad para desautorizar la operación a través del ENACOM y la CNDC, lo que implica que la decisión política sobre la transacción recae en el Gobierno. El investigador principal en el CONICET y especialista en medios de comunicación, Martín Becerra, analizó que “la decisión política de aplicarla está en manos del Gobierno”.
La reacción del Grupo Clarín ante las presiones políticas es incierta, ya que podría optar por argumentar a favor de las inversiones o reavivar la confrontación mediática que tuvo lugar durante el kirchnerismo. Un exfuncionario que ha trabajado en áreas relacionadas con la regulación de telecomunicaciones comentó que es inusual que una multinacional anuncie una transacción que podría ser revertida, sugiriendo que podría haber señales de que se alcanzará una solución.
Desde el entorno gubernamental, se indicó que Milei está decidido a actuar con firmeza. La relación entre el presidente y el Grupo Clarín se ha deteriorado en los últimos meses, y el mandatario ha visto en esta rápida compra una oportunidad para posicionarse políticamente. Sin embargo, esta intervención estatal podría contradecir los principios libertarios que rigen su administración.
Milei ha expresado en el pasado que “los monopolios no son malos” y que, en su opinión, la intervención del Estado en la regulación de monopolios puede perjudicar la innovación y el crecimiento económico. Hasta el momento, ninguna de las empresas que participaron en la compulsa ha confirmado que impugnará la venta. Telecentro ha descartado esa opción, aunque tiene argumentos sólidos para sostener su posición.
Si la transacción avanza o se estanca en el ámbito regulatorio, es probable que la justicia ordinaria deba intervenir. Un antecedente relevante es el caso del DNU 690 de 2020, cuando el gobierno de Alberto Fernández declaró a las TIC como servicios públicos esenciales, lo que llevó a las empresas a recurrir a la justicia.
Desde Telecom, se ha afirmado que la operación no implica la adquisición de un competidor fuerte, sino la compra de un activo que estaba en deterioro, con riesgos para sus clientes y empleados. La empresa ha manifestado que esta adquisición busca frenar el proceso de desinversión y fortalecer sus redes, así como desarrollar tecnología 5G y optimizar su cartera de productos y servicios.
Telecom ha asegurado que presentará la adquisición a los organismos reguladores, cumpliendo con la normativa vigente, y ha destacado la multiplicidad de jugadores en el mercado, incluyendo a Claro y a Starlink de Elon Musk, que ha comenzado a operar en el país. Además, han mencionado la reciente alianza entre DirecTV y Amazon para ofrecer servicios de internet y telefonía.
El Gobierno argentino ha manifestado su apoyo a la entrada de operadores extranjeros en el sector de telecomunicaciones y a la inversión privada en infraestructura. La inversión directa de 1.300 millones de dólares, junto con inversiones anuales adicionales, se considera favorable para modernizar las redes de conectividad en el país, beneficiando a usuarios y empresas sin requerir fondos públicos.
